El transporte de 3,8 toneladas de cocaína a bordo del carguero MV Karar, en plena pandemia de Covid, en abril de 2020, coordinado por una organización liderada por el arousano J.C.S.N., llegará a juicio, previsiblemente, a partir del miércoles, en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, donde se sentarán en el banquillo 29 acusados, que se enfrentan a penas de entre 13,5 y 19,5 años de prisión.
Esta es la segunda ocasión en un mes en el que se fijan las vistas por este caso, que ya debía haber sido juzgado en febrero. En aquella ocasión, la sesión fue suspendida «por diversas cuestiones, entre ellas, cambios de abogados», informaba el TSXG, que ha advertido de que esta vez también se ha pedido la suspensión.
La Fiscalía atribuye a los encausados la preparación, coordinación y transporte de la droga, que fue intervenida en un abordaje en altamar. Las fuerzas de seguridad detuvieron a los 15 tripulantes del MV Karar, uno de ellos gallego y el resto de Nepal y Bangladesh; y a otras trece personas en tierra, entre quienes estaban un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera y su mujer. El considerado cabecilla de la organización, J.C.S.N., se dio a la fuga, pero se entregó meses después para cumplir una pena de algo más de dos años de cárcel en una causa por revelación de secretos (filtración de información por parte de dos agentes de la Guardia Civil).
Según el escrito de acusación pública, J.C.S.N dirigía una estructura para disponer de embarcaciones preparadas para operaciones de alijo de droga en altamar, y coordinaba también los contactos para contar con naves en diferentes localidades en las que poder adaptar, pertrechar y resguardar esas embarcaciones.
Desde 2019, los investigadores conocieron sus movimientos y contactos para llevar a cabo este transporte, para lo que contaba con la colaboración, en tierra, de varias personas. Así, en la organización participaba un empresario dedicado a la venta y reparación de embarcaciones, un funcionario del servicio de Vigilancia Aduanera, varias personas encargadas de pilotar las lanchas, y otros acusados que también gestionaban cómo se distribuiría posteriormente la droga.
Entre febrero y marzo de 2020, los miembros de la organización realizaron numerosas reuniones, trabajos de adaptación de las embarcaciones, y otras acciones encaminadas a realizar el alijo de la cocaína que transportaba el MV Karar. A partir de abril, dichos trabajos se aceleraron, y ello a pesar de las medidas del estado de alarma por la pandemia de Covid, debido a que el carguero ya estaba realizando su singladura a través del océano Atlántico.
El 25 abril, el MV Karar fue abordado en altamar y sus tripulantes detenidos; horas después se produjeron las detenciones en tierra, aunque el cabecilla de la red, según la Fiscalía, «dispuso de información que le permitió adelantarse al abordaje» y huyó antes de ser arrestado.
En los registros de los domicilios de los detenidos, y en las seis naves de las que disponía la organización, las fuerzas de seguridad se incautaron de dinero en efectivo, numerosos teléfonos y tarjetas SIM, sistemas de comunicación vía satélite, cartografía, anotaciones con coordenadas, cámaras, dispositivos inhibidores, vehículos y hasta cinco embarcaciones. Además en casa de J.C.S.N. se encontraron ropas de Policía Nacional y un chaleco antibalas, y en el domicilio de otro de los implicados, se encontró un arma para la que no tenía licencia.
BLANQUEO DE CAPITALES
Entre los acusados en este procedimiento están un funcionario de Aduanas y su mujer (trabajadora de la red de escuelas infantiles públicas de la Xunta), a quienes la Fiscalía atribuye, además del delito de tráfico de drogas, un delito de blanqueo de capitales.
El ministerio público expone que, además de facilitar información sobre vigilancias y actividad policial a la organización, se encargaban también de la distribución de la droga, obteniendo un beneficio ilícito que el matrimonio trató de ‘blanquear’ mediante varias fórmulas.
Así, entre 2015 y 2020, la pareja hizo ingresos en efectivo en sus cuentas bancarias por importe de más de 176.000 euros; adquirieron un chalé y una finca para construir una piscina; compraron una moto y un coche de alta gama; adquirieron fincas rústicas; e incluso dos boletos de lotería de Navidad premiados con 20.000 euros cada uno. En total, la Fiscalía estima que blanquearon en esos años casi medio millón de euros.
DELITOS Y PENAS
El ministerio público atribuye a todos los acusados un delito contra la salud pública en la modalidad de drogas que causan grave daño a la salud, con el subtipo agravado por el uso de embarcaciones y por tratarse de una red con contactos internacionales; y un delito de integración en organización criminal. A mayores, al matrimonio acusado les imputa también un delito de blanqueo de capitales, y al procesado al que le intervinieron la pistola, lo acusa también de tenencia ilícita de armas.
Para el cabecilla de la organización, pide la pena de 18 años y medio de prisión, así como una multa de 438 millones de euros; mientras que, para el resto, solicita 13 años y medio de cárcel (dos años más para el investigado por tenencia de armas) y dos multas de 400 millones de euros.
En el caso del funcionario de Aduanas, la solicitud de pena se incrementa en otros 6 años por el blanqueo y dos penas de inhabilitación total por un período de 20 años; para su mujer, la Fiscalía también pide la pena de cárcel por blanqueo, de manera que ambos se enfrentan a un total de 19 años y medio de prisión.
