El personal de Ilunion Servicios Industriales Pontevedra, centro especial de empleo del grupo ONCE, retomará este martes en Vigo las movilizaciones contra la precariedad y la explotación laboral de las personas con capacidades distintas después de un mes de negociaciones con la empresa con el fin de conseguir una mejora salarial que finalmente no se aplicará porque la dirección pretendía a cambio flexibilizar la jornada de trabajo.
Según ha anunciado la CIG, las protestas se llevarán a cabo los días 8, 10, 17 y 24 de noviembre delante de la sede de la ONCE, en Vigo, de 10.45 a 11.45 horas.
El miembro de la ejecutiva de la CIG-Industria, Quique Fernández, ha señalado que “a los 620 empleados que Ilunion tiene en Vigo se les aplica el convenio estatal de Centros Especiales de Empleo, que contempla unas condiciones laborales y salariales precarias”. Por eso, a pesar de que los trabajadores, que prestan servicios en compañías del sector del automóvil como Stellantis, Lear, Benteler o Denso, realizan las mismas tareas que el personal de la empresa principal, cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) y tienen la mitad de derechos.
Para denunciar la explotación que estos trabajadores padecen, la CIG ha remitido recientemente un escrito a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya que en la última reforma laboral se establece que, en materia salarial, los convenios de empresa no pueden ser inferiores a los de sector, y que, en el caso de las subcontratas e contratas, este personal estará regulado por el convenio sectorial de aplicación. Pero, tal como ha denunciado la CIG, el Gobierno central ha excluido de la norma de manera expresa los centros especiales de empleo, “condenando a este personal especialmente vulnerable a la precariedad absoluta a través de la fórmula de la subcontratación”.
En el caso de Vigo, la CIG ha lamentado que “aunque los empleados cobran el salario mínimo tienen que aguantar los elevados ritmos de trabajo, la realización de horas extraordinarias y las jornadas irregulares en la misma medida que el resto del personal de las compañías de automoción. Eso a pesar de que, según el convenio y los centros especiales de empleo, su jornada máxima semanal es de 38,5 horas y no se pueden hacer ni prolongaciones de la jornada ni tener una distribución irregular de las horas de trabajo”.
Además, la organización sindical ha añadido que estos trabajadores “ni siquiera están recibiendo la formación obligatoria establecida por ley, algo especialmente grave teniendo en cuenta que se trata de personas con capacidades distintas, tanto físicas como psíquicas”.
