El juzgado que instruye la causa contra los responsables de los dos últimos chalets clausurados en Vigo por su presunta vinculación con la prostitución de lujo imputa a los acusados delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Unos ilícitos que se ven agravados por supuesto abuso de situación de necesidad, superioridad y coacción. Todos ellos cometidos en el seno de un grupo criminal que habría vulnerado los derechos de los ciudadanos extranjeros en relación a actos de favorecimiento de la estancia ilegal con ánimo de lucro, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Estas son las consecuencias de la presunta actividad que llevaban a cabo, tal y como avanzó VIGOÉ el pasado miércoles, en un inmueble de la calle Tomás A. Alonso, en la esquina con la calle Ánimas. Al día siguiente trascendió que la Policía Nacional había actuado, también por orden judicial, en otra casa de la Avenida de Ricardo Mella. En ambos casos se precintaron las entradas de las viviendas.
Además, el cuerpo nacional ha confirmado este martes que los registros efectuados se saldaron con la intervención de “importantes cantidades de dinero en efectivo, sustancias estupefacientes, fármacos, y documentos relacionados con la logística y actividad económica de las organizaciones”. La drogas se usarían para ofrecer a la clientela y para enganchar a las mujeres explotadas.
Así, estos dos chalets se encuadran dentro de la operación realizada en 2021 en Vigo por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (Ucrif), que se saldó con otros cinco inmuebles –algunos de la zona de Pizarro–que “se anunciaban como de ‘alto standing’” y cuya actividad estaba “relacionada con la prostitución en las denominadas ‘casas de citas’”.
Estas actuaciones policiales se enmarcan en la detección de un incremento de la actividad relacionada con la prostitución durante los períodos de confinamiento y restricciones, así como el desplazamiento de esta actividad desde los clubes de alterne y la prostitución en la vía pública hasta estas viviendas. Estas casas se amparan en la consideración legal de domicilio particular para dificultar el control y la investigación policial.
En el caso del chalet de la calle Tomás A. Alonso, las sospechas no se ceñían a las fuerzas de seguridad y los tribunales. El posible empleo de este chalet como prostíbulo era objeto de comentario entre vecinos y trabajadores de la zona, que además solían ver vehículos de alta gama en el lugar.
