El Juzgado de Instrucción número 3 de Cangas do Morrazo ha admitido a trámite la querella que presentaron el 9 de junio las hijas de dos usuarias de DomusVi Aldán-Cangas, una de ellas fallecida oficialmente por Covid-19. Así, el magistrado ha acordado abrir diligencias previas por posibles delitos de homicidio y lesiones por imprudencia profesional.
La querella está presentada contra Josefina Fernández Miguélez (consejera delegada de DomusVi España) y Laura Cancelo Álvarez (directora de DomusVi Aldán-Cangas), además de dos altos cargos de la administración autonómica: María Berta Besada Porto (xefa dos Servizos de Inspección de Maiores e Discapacitados da Xunta de Galicia) e Idelfonso de la Campa Montenegro (director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade da Xunta de Galicia).
Las querellantes son dos familias. Una tuvo que “rescatar” a su madre después de “50 caídas” en el centro, llevándosela para casa una vez que la autoridad sanitaria dio el visto bueno en pleno estado de alarma. La otra usuaria falleció en la residencia y entre sus descendientes se habla sin tapujos de “asesinato” o “invitación a morir”, eufemísticamente.
El juez llamará a declarar a las denunciantes, pedirá a DomusVi la entrega de los historiales médicos de las madres de las querellantes y designará un médico forense para que estudie los documentos y emita el informe pertinente. También ofrece a los demandados la posibilidad de comparecer para dar su versión de los hechos. Todo ello determinará si se abre juicio oral formal, si se solicitan más diligencias o si se archivan definitivamente.
Se trata de la primera querella presentada en el tiempo por el despacho coruñés de abogados Pérez-Lema dentro del acuerdo alcanzado con la federación de familias REDE y sus asociaciones de familiares y usuarias vinculadas, en este caso Vellez Digna, fundada en 2017 en Cangas. “Desde que la marca DomusVi se ha apropiado de los centros de Geriatros y SARquavitae, se ha producido un sensible deterioro de la calidad de los servicios asistenciales y sanitarios. La residencia de Aldán llegó a ocultar casos de infección de sarna entre las usuarias a las puertas de la pandemia y más del 70% de los residentes contrajeron la Covid-19 (110 de 150). Este último dato provocó que la Xunta de Galicia interviniese el geriátrico el 30 de abril ‘para garantizar la salud y la vida’ de los residentes”, recuerda REDE.
A esta querella de Cangas ha seguido otra presentada por la familia de una usuaria de DomusVi Matogrande (A Coruña), también fallecida por covid19 durante la pandemia. Tanto la federación REDE como el despacho de abogados Pérez-Lema prosiguen haciendo acopio de información detallada para presentar decenas de querellas también por homicidios, lesiones y abandono en varios centros de DomusVi en Galicia, además de Aldán y Matogrande (San Lázaro, Barreiro, Concepción Arenal, etc.), e incluso residencias de otras marcas, como Nuestra Señora de la Esperanza, de la Fundación San Rosendo, o residencias ubicadas en otros puntos del Estado español, como Catalunya o Extremadura.
“Lo que han descrito las familias en esta primera querella de Aldán-Cangas, es prácticamente común a lo que han vivido las usuarias y familiares en las residencias donde ha entrado el coronavirus en marzo en Galicia, y especialmente en la compañía DomusVi: hechos muy graves, desde fallecimientos inesperados o traumáticos, entre negligencias y malas prácticas, y previsiblemente en soledad o en abandono; cuadros severos de deshidratación; bajadas de peso hasta casi 20 kilogramos; falta de limpieza y de higiene; sobremedicación y administración de medicamentos pautados para otros pacientes; desinformación en cuanto a la situación clínica de los residentes; abandono absoluto por parte de la administración; respuestas evasivas por parte de los servicios de inspección; etc”, explica REDE.
Paralelamente a la querellas por la vía penal, se preparan también demandas por la vía civil contra DomusVi España por fraude de contrato, cláusulas abusivas y cobros impropios, irregularidades que se habían desarrollado durante la pandemia y en las semanas previas.
Los centros de DomusVi acaparan el 50% de los fallecimientos ocurridos en las residencias gallegas, lo que supone, a su vez, la cuarta parte de la totalidad de los muertos diagnosticados por Covid-19 en Galicia (619 en total, según cifras oficiales de la Xunta de Galicia). Desde el 30 de marzo no se conocen cifras veraces de fallecidos en cada una de las residencias de Galicia. En DomusVi Aldán-Cangas, el departamento de Política Social de la Xunta de Galicia sigue hablando de 20 muertos, cuando realmente trabajadoras y familiares manejan la cifra de 38.
