El acuerdo establece un canal de comunicación constante entre el colectivo de procuradores y los servicios sociales con el objetivo de reducir el impacto social de los desahucios. El alcalde de la ciudad y
presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Abel Caballero, anunció que elevará la propuesta a la entidad nacional para que cualquier municipio de España pueda activar un acuerdo similar al impulsado por los procuradores de Vigo.
Los procuradores de Vigo podrán poner en conocimiento de los servicios sociales cada una de las ejecuciones de desahucio que se decreten en los juzgados. Desde ese momento, los servicios municipales contarán aproximadamente con un mes hasta que se realice la ejecución del desahucio, en el que podrán estudiar cada caso y poner en marcha soluciones de viviendas alternativas si es necesario. En el primer semestre de 2019, se decretaron 338 ejecuciones de desahucio en la ciudad, en su mayor parte por impago de alquileres.
“Los procuradores tenemos un compromiso con la sociedad en la que ejercemos nuestra profesión. Si los desahucios han de ejecutarse, debemos intentar que tengan el menor impacto social posible”, explica José Antonio Fandiño, decano del Colegio de Procuradores de Vigo. La vicedecana de los procuradores, Gisela Álvarez, y la concejala de Bienestar Social, Yolanda Aguiar, también asistieron al encuentro.
Plan para agilizar la justicia
El Colegio de Procuradores de Vigo desarrolla desde hace un año un plan para promover soluciones que agilicen y mejoren el funcionamiento de los juzgados de Vigo. En el primer trimestre de 2019, la mayor ciudad gallega es la que mayor número de pleitos ha generado en España, entre las de su tamaño (entre 200.000 y 400.000 habitantes), con 14.346 asuntos ingresados en sus juzgados. Entre las propuestas de mejora del colectivo de procuradores, además de la puesta en marcha del protocolo de desahucios, está la creación de la figura del procurador ejecutivo.
La creación de la figura del procurador ejecutivo sigue el modelo de los solicitadores portugueses y otorgaría nuevas funciones a los procuradores para ejecutar embargos y diligencias, así como averiguar bienes o entregar notificaciones bajo control judicial. En el último mes, los procuradores de Vigo han mantenido reuniones con los representantes provinciales en el Congreso de los Diputados de Unidas Podemos – Galicia En Común, Ciudadanos y el Partido Popular para promover el cambio legislativo necesario para la creación de la figura del procurador ejecutivo.
La modificación de la legislación vigente pondría a disposición de la administración de Justicia a los cerca de 10.000 procuradores colegiados en España, de los cuales 151 se encuentran en Vigo. En el caso concreto de la mayor ciudad de Galicia, el cambio legislativo multiplicaría por diez la capacidad del servicio común actual de los juzgados.
El Colegio de Procuradores de Vigo integra a 155 profesionales (un 70% mujeres) con presencia en los partidos judiciales de O Porriño, Ponteareas, Redondela, Tui y Vigo.
