Según ha informado la Fiscalía Superior de Galicia, este proceso se inicia ante el “deficiente funcionamiento” que el órgano aprecia en los “últimos meses” en la autopista, lo cual le hace salir en defensa de los usuarios afectados. Así, el Ministerio Público valorará emprender una acción colectiva de carácter civil tras constatar las quejas de los conductores y de la propia Valedora do Pobo.
Esta acción podría conllevar algún tipo de indemnización por parte de la concesionaria de la AP-9, Audasa. No obstante, para ello, los usuarios deberán acreditar que usaron la autopista, por lo que sería necesario haber conservado los justificantes correspondientes o guardarlos de aquí en adelante por los atascos que se puedan sufrir.