Augas de Galicia tiene dudas de que el agua de Vigo sea potable y decidirá en las próximas 24 horas si la declara no apta para el consumo humano. Así lo han dicho este viernes el delegado territorial da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, y la jefa territorial de la Consellería de Sanidade, Ángeles Feijóo.
Según explicaron ambos en una rueda de prensa celebrada en la delegación de la Xunta en Vigo, los análisis de la estación de bombeo de Canido arrojaron niveles de hierro por encima del máximo permitido (600 miligramos por litro), por lo que Aqualia tendrá que remitir en las próximas 24 horas nuevos informes que confirmen ese dato o lo descarten. En ese momento, Sanidade decidirá sobre la potabilidad del agua.
«No es una alerta sanitaria, tenemos que mandar un mensaje de tranquilidad a la población, pero hay que tomar medidas para prevenir la saluda de la población», afirmó Ángeles Feijóo. La jefa territorial explicó que en caso afirmativo de presencia de niveles de hierro superiores habrá que restringir el consumo de agua, tanto para beber como para cocinar. También explicó que hasta ahora la turbidez del agua es desagradable, pero no representa ningún problema sanitario.
La Xunta aseguró que notificó el jueves por carta a varios ayuntamientos del área de influencia de Vigo que tienen valores por encima de los límites establecidos en la normativa vigente del agua de consumo humano. Las últimas analíticas realizadas por los técnicos de concesionaria encargada del suministro municipal y refrendadas por las propias de los farmacéuticos inspectores de salud pública de la Jefatura Territorial apuntan a esos valores anormales que, pese a no suponer riesgo sanitario por el momento, de mantenerse en el tiempo obligarían a tomar medidas.
El Gobierno gallego advirtió a los ayuntamientos de Vigo, Moaña, Redondela y Soutomaior y los correspondientes gestores del servicio municipal de agua que en las muestras tomadas en algunos barrios se alcanzaron lo superaron los valores máximos permitidos. Esto es que incumplen algunos de los parámetros que se fijan para garantizar la calidad del agua como son el color, el hierro y la turbidez.
Asimismo, matizó que los controles se realizan de manera habitual y por norma general en todos los ayuntamientos de Galicia, pero que en este caso la advertencia se realiza al comprobar una evolución negativa de los parámetros de referencia, como medida preventiva para garantizar la salud de los habitantes. Así, señaló que se extremó la vigilancia en la potabilidad de los abastecimientos de Vigo, Redondela, Cangas, Moaña, Vincios y Mos debido a las deficiencias detectadas en la potabilizadora municipal del Casal.
Según indicó, en el marco de la prevención sanitaria la Xunta permanecerá vigilante ante esta situación, ya que recordó que son los ayuntamientos las administraciones competentes y responsables de garantizar la calidad de las aguas de consumo humano tal y como recoge la normativa vigente. Así se recoge en la Ley 5/1997 de Administración Local de Galicia, en la Ley de Bases de Régimen Local y en el Real Decreto 140/2003 de criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
En este punto, añadió que la Consellería de Sanidade mantiene activos sus controles diarios, pese a que la competencia en este campo sea de los ayuntamientos, que «son los que deben garantizar la calidad del agua e informar consecuentemente la autoridad sanitaria de cualquier anomalía que detecte la concesionaria en el suministro del servicio municipal».
ETAP del Casal
Añade la Xunta que los problemas detectados en la potabilizadora con anterioridad y comunicados en su momento al Concello de Vigo se han agravado como consecuencia del descenso de la cuota de agua en el embalse de Eiras provocado por la sequía, afectando también a otros ayuntamientos que reciben agua de la potabilizadora municipal del Casal, como Cangas y Moaña. La propia concesionaria ya informó del empeoramiento del agua prepotable por consecuencia de la merma de agua en el embalse y que hizo necesario llevar a cabo tratamientos adicionales.
Precisamente, el delegado territorial se refirió concretamente a los problemas de la dicha potabilizadora para tratar el agua, una situación que dijo desconocer hasta hace una semana, fecha en la que se recibió el primero informe oficial del Ayuntamiento de Vigo aludiendo la esta situación. “Se nos ocultó información. Tras semanas diciéndonos que con la reserva actual habría para 80 días de suministro, llegan un día y advierten que sólo hay agua para 25 días”, aseveró López-Chaves, al tiempo que llamó la atención sobre la incapacidad de la infraestructura municipal de garantizar la calidad del agua.
El representante del Gobierno gallego señaló que hace más de un año que se decretó la prealerta por sequía y que durante este tiempo se insistió en la necesidad de ahorrar agua y revisar todas las instalaciones e infraestructuras hidráulicas. “Avisamos de que, de no tomar medidas hacia un consumo responsable, habría restricciones derivadas de la falta de lluvia. Por el contrario, durante meses tuvimos que oír como la Vigo le sobraba el agua”, apuntó.
“En los últimos días le llegaron las prisas el alcalde de Vigo y parece ser que la reducción del caudal ecológico era la única salida”, afirmó, para acto seguido explicar que se no se tomó antes esta medida fue porque ningún técnico de la Administración adoptaría una decisión tan extrema exponiéndose a una denuncia del Ministerio Fiscal por un delito ecológico. “En cuanto supimos de la existencia de la situación real el pasado viernes -insistió- automáticamente agilizamos los trámites para reducir el caudal ecológico”.
En esta misma dirección, tras recordar que la Xunta de Galicia no tiene competencias sobre el suministro municipal y que son los ayuntamientos los responsables del servicio, indicó que en este caso ya no es un problema de cantidad sino de calidad. “Descubrimos que la potabilizadora del Casal no tiene capacidad para tratar el agua, hecho que ocultó el alcalde”, dijo. “Caballero tendrá que explicarnos por qué durante estos años destinó el dinero recaudado de la concesionaria a mobiliario urbano en lugar de resolver las deficiencias detectadas en la planta potabilizadora”, apuntó.
Así, recordó que el alcalde ya rechazó el asesoramiento de técnicos e ingenieros del Ayuntamiento de Vigo que, con motivo de la ampliación de la concesión de la empresa Aqualia, encargada del suministro y abastecimiento del agua en Vigo, apuntaban la necesidad de invertir más de 20 millones de euros en la actualización y modernización de la potabilizadora del Casal. “Hasta el momento, según la información de la que disponemos, en estos años no invirtió más de 330.000 euros en la citada infraestructura que ahora muestra deficiente”, dijo.
En consecuencia, atendiendo a la seguridad sanitaria de los más de 300.000 ciudadanos, pertenecientes al ayuntamiento de Vigo, Cangas, Moaña, Redondela, parte de Gondomar ( Vincios) y Mos, que reciben el suministro de dicha potabilizadora municipal, Sanidad extremará la vigilancia por si había sido necesario, atendiendo a los niveles de riesgo detectados, declarar el agua no apto para el consumo y trasladar al ayuntamiento a responsabilidad de articular un suministro con todas las garantías sanitarias para la población.
