Según subrayó entonces y este viernes a través de una nota de prensa, «ante la imposibilidad de, por la vía democrática, conocer el contenido de la investigación en lo referido a la documentación sobre contratos con empresas de servicios que en su día la Udyco incautó del Concello de Vigo y las bases de las imputaciones de cinco concejales de la Corporación municipal, la Marea acude a los juzgados como acusación popular».
Por ello, el grupo acudió al Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, que es el que lleva el proceso, asistido por el abogado Alberto Varela-Grandal Conde ya que, recordó, además el pasado 27 de julio el pleno rechazó la apetura de una comisión especial de investigación al respecto de la Operación Patos.
En su escrito, Marea de Vigo subraya que considera «fundamental» el «conocimiento sobre qué contratos, con qué empresas, qué importes e incluso qué responsabilidades políticas podrían estar inmersas en los hechos que investigan los juzgados vigueses».