El fiscal francés, Brice Robin, habló sin cortapisas sobre la desencriptación del contenido de la caja negra del avión que han conseguido recuperar, y ha contestado sin rodeos, sin dilación y con la mayor concreción posible a todas las preguntas de la rueda de prensa. La información trascendió de modo casi instantáneo a todos los medios de comunicación mundiales, y ya es de sobra conocida.
Y lo que convendría destacar, como digo, es esa diligencia y transparencia informativa de las autoridades que resultan diametralmente opuestas a las que pudimos observar en España con el atentado del 11M (11 de marzo de 2004), y con un accidente histórico acontecido frente a las costas de Galicia el 19 de noviembre de 2002, el hundimiento del petrolero Prestige que, aun sin víctimas mortales, causó gravísimos daños ecológicos, sociales y económicos. En aquellas dos ocasiones el comportamiento de nuestras autoridades estuvo muy lejos de esa diligencia y transparencia con la que ahora nos hemos encontrado, e incluso sorprendido, puesto que no estamos acostumbrados.
En este caso que ahora nos ocupa, el ocultar las cosas no hubiera hecho más que complicar las cosas y crear un clima de desconfianza, perjudicando en primer lugar a las compañías aéreas y, luego, como consecuencia, a toda la industria turística europea.
El miedo a volar ha existido y seguirá existiendo, y se pueden minimizar todavía más los riesgos, pero siempre existirán posibilidades de un accidente, de un secuestro, o de que una aeronave pueda estrellarse. Por lo pronto, en mi opinión, cabrían varias medidas urgentes.
Una de ellas sería el establecimiento de una conexión informativa entre las autoridades sanitarias y los organismos que otorgan y renuevan las licencias de vuelo de las tripulaciones. De este modo, y aunque las compañías aéreas supervisen la aptitud de sus tripulaciones, los profesionales sanitarios estarían obligados, por ley, a informar directamente y con la confidencialidad correspondiente, a los organismos que otorgan y renuevan la licencia de vuelo de las tripulaciones, para evitar que personas como el copiloto de la nave GWI9525 puedan ocultar su incapacidad.
Asimismo, tanto en la cabina de mandos (“cockpit”) como en la cabina de pasajeros, deberían instalarse cámaras de grabación para que las cajas negras registren las imágenes que hubieran podido servir, en estos momentos, para clarificar las incógnitas que siempre quedarán sin respuesta posible; en la actualidad, el coste de esas instalaciones sería nimio, y las condiciones legales para llevarlo a cabo no serían mucho más difíciles de imponer que otras ya existentes y que se han enarbolado en aras de la seguridad.
De cualquier modo, y aunque suene futurista, no tardará en llegar la innovación de los vuelos comerciales comandados desde tierra, no olvidemos que los “drones” (término con que se identifica a los vehículos aéreos comandados a distancia) ya son utilizados con seguridad y precisión como instrumentos de observación e incluso para ataques militares. A partir de ese momento, la seguridad de los vuelos comerciales seguirá dependiendo de las máquinas, pero también de quienes las manejan, en definitiva, el riesgo y el miedo a volar siempre existirán.
