Pero a punto de cumplirse dos años de su entrada en vigor, la necesidad de tener calificación energética no ha calado demasiado entre la ciudadanía. Por ello, comunidades como la de Madrid ya han comenzado a abrir expedientes sancionadores; es decir, a multar a quienes alquilan o venden sin esta suerte de DNI del piso. Las sanciones que recoge la normativa pueden dispararse hasta los 6.000 euros, en función de la gravedad de la infracción, ya que no es lo mismo no disponer de certificado que, directamente, falsificarlo.
En Galicia, según datos facilitados por la Consellería de Economía, hay del orden de 40.000 viviendas incluidas en el registro del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), una cifra tres veces menor que la catalogadas en Madrid durante el 2014, con más de 120.000 inmuebles.
Aunque la Xunta no tiene en mente comenzar a imponer sanciones, según han confirmado fuentes oficiales, este año sí intensificará la labor de control y seguimiento con el objetivo de sensibilizar a la población de la necesidad de testar el comportamiento energético de la casa, si quieren venderla o alquilarla.
Pero ¿qué es y cómo funciona el certificado? Es el carné que mide la eficacia de la vivienda, tanto en consumo de energía como por sus emisiones de dióxido de carbono; es decir, aislamiento y eficiencia. Las clasificaciones son muy similares a las que llevan desde hace años los electrodomésticos. Así, en función de su menor o mayor consumo y emisiones, las letras van desde la A a la G. En España, según las estimaciones de expertos como el Colegio de Aparejadores de Madrid, ocho de cada diez inmuebles tienen una certificación mala o muy mala (letras entre la E y la G), y la inmensa mayoría de las casas suspenden en eficiencia energética.
Un suspenso muy caro
Aunque no seamos conscientes de ello, que nuestra vivienda suspenda o sea alumna aventajada en materia de ahorro de energía no solo afecta a la salud del medio ambiente, sino también a la de nuestro bolsillo. Porque entre la letra G, que es la peor calificación de la etiqueta, y una E -la media de España, con el 45 % del total, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)- media un ahorro anual de hasta 1.000 euros.
Por contra, las mejores calificaciones (A, B y C), las que pueden ahorrar al propietario o inquilino cientos de euros, no suman en conjunto ni el 5 % del total de los inmuebles certificados.
La obtención del mismo es sencilla. Un técnico cualificado realiza las mediciones de las superficies de la vivienda en contacto con el exterior (fachadas, forjados, cubiertas…), el espesor del cerramiento, si tiene o no aislamiento y la carpintería; es decir, las ventanas. También se inspecciona la caldera, su potencia, estado de conservación, el agua caliente y el sistema de refrigeración, si lo tiene. «Una vez recogidos los datos, los introduces en un programa y, en función del consumo energético y de la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, te da una etiqueta con una letra, que es válida por un período de diez años. Normalmente es el técnico también quien envía al registro la documentación», explica una especialista que opera en A Coruña.
Coste del certificado
Cuando entró en vigor el certificado, los precios rondaban los 400 euros y los hacían arquitectos y aparejadores. Hoy han entrado inmobiliarias, consultores… y se han desplomado. De hecho, en comunidades como Madrid o Galicia se pueden encontrar por 50 euros. Pero la picaresca funciona: hay quienes ni siquiera visitan la vivienda.
La crítica de los expertos: «Es un impuesto encubierto»
Los propietarios de los inmuebles tienen un mes de plazo para inscribir el certificado en el Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios del Inega. Dicho trámite, en el caso de Galicia supone un coste, ya que la Xunta cobra una tasa base de cinco euros, a los que se suman ocho céntimos por cada metro cuadrado del piso. No todas las comunidades autónomas cobran por ello.
La crítica unánime de los expertos del sector consultados es que el certificado no responde en la práctica a los objetivos para los que había sido creado, impuesto por una directiva comunitaria del 2002, ya que la UE pretende tener edificios de emisión cero en el 2020. «Se ha convertido en una especie de impuesto encubierto, en algo con un interés meramente recaudatorio», sentencian.
«Inútil» si no obliga a mejoras
Argumentan tan drástica visión en que el certificado es «inútil» si no te obliga a realizar unas actuaciones de corrección sobre las deficiencias detectadas. «Solo le interesa a quien va a vender o alquilar la vivienda porque se lo exige la ley; es decir, a quien ya es consciente de lo que gasta su casa, de lo cara o barata que sale a la hora de pagar las facturas de la luz o el agua. Pero a quien compra o alquila aún no le importa lo suficiente la información que da la etiqueta. Y debería, porque lo notará mucho en su bolsillo», añaden.
Los especialistas indican que el principal «fallo» está en el diseño del certificado: «Debería haberse planteado, para que funcionase bien y redundase en una mejora energética real, como en su momento se hizo con las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE), obligatorias para todas las viviendas de más de 20 años. Si es una ITE desfavorable no tienes opción: tienes que subsanarlo».
