El juicio por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína transportadas en el buque ‘MV Karar’ en plena pandemia de Covid (abril de 2020) ha quedado visto para sentencia en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, tras diez meses de sesiones después de dar comienzo en abril de 2024.
El caso investiga a 28 acusados (habría 29 pero uno falleció antes del juicio), entre los que figura Juan Carlos Santórum, considerado por los investigadores el cabecilla del grupo. También están acusados los 15 tripulantes del ‘MV Karar’ y otras 12 personas arrestadas en tierra, entre ellos un ciudadano colombiano, un funcionario de Vigilancia Aduanera y la mujer de este.
Este viernes se ha llevado a cabo la última vista, en la cual el abogado de uno de los procesados, un constructor de barcos, expuso sus conclusiones, considerando que su defendido «no tuvo intervención real» en la trama, pero Fiscalía lo utiliza para «darle sentido a la trama», debido a que unas llamadas telefónicas sin contenido de este varón vincularían con el Karar a Santórum.
Asimismo, todos los acusados han tenido tiempo para su derecho a última palabra, rechazando gran parte de ellos a la misma y reivindicando otros que no estaban vinculados con el Karar y que no habían declarado durante el juicio porque no les habían permitido hacerlo al final, tras los testigos.
Han sido dos los que más han aprovechado esta oportunidad para dirigirse a las magistradas. El primero de ellos fue el hermano de Santórum, considerado «colider» del grupo. Él ha dicho que no tuvo nada que ver con el Karar y que en aquella época, por su situación personal, prácticamente no salía de su domicilio.
Pese a todo, ha agradecido el trato mostrado por los agentes y por las magistradas y ha reivindicado que no cometió ningún delito.
El segundo acusado que también ha empleado más tiempo de su derecho a última palabra fue el funcionario de Aduanas, reivindicando que ha dedicado 25 años al servicio público y que no cometió ningún delito de los que se le imputan.
Este procesado ha apuntado hacia el instructor policial del caso y a otro agente del GRECO, así como a un funcionario de Vigilancia Aduanera. Entre los tres, «lo habrían intentado hundir», junto con «peones». Entre llantos, ha lamentado el daño sufrido durante los últimos cinco años tanto él como su familia. Precisamente su mujer es otra de las acusadas.
Tras asegurar que hace cinco años «dejó de creer en la justicia», ha alabado el trabajo de las magistradas durante el juicio oral, subrayando que ahora volvió a creer en la justicia, esperando «luz» tras todo este proceso.
Penas
Los acusados se enfrentan hasta a 19 años y medio de cárcel por los hechos juzgados durante diez meses en Vigo. En concreto, en sus conclusiones finales, el fiscal rebajó las penas para los 15 tripulantes del barco (9 de Nepal, 5 de Bangladesh y un gallego, José Manuel B.G.), que confesaron su participación durante su declaración en esta macrovista.
Así, redujo la solicitud de los 13 años y medio iniciales por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal a 7 años y medio para el tripulante gallego, (encargado de supervisar la carga y llegada de toda la droga), para el capitán y para el segundo al mando; mientras que para el resto pide 7 años y 3 meses de cárcel. Todos ellos admitieron en el juicio que sabían, al salir de Panamá, que iban a transportar cocaína con destino a Galicia, una droga que cargaron frente a las costas de Colombia.
Por su parte, las defensas de los tripulantes, además de la confesión tardía, alegan también la atenuante de dilaciones indebidas, y piden que la condena sea de 6 años. En el caso de los extranjeros, reclaman que se dicte sentencia y se declare firme cuanto antes, y que se sustituya la pena de cárcel que queda por cumplir (serían dos años, descontados los 4 años que pasaron en prisión preventiva) por la medida de expulsión inmediata de España.
En el caso de Juan Carlos Santórum y su entorno, y del resto de acusados, el Fiscal ha reafirmado su acusación y ha mantenido la petición de penas: 18 años y medio de cárcel y 438 millones de euros de multa para el arousano, considerado el ‘cabecilla’ de la organización; 19 años y medio para un exfuncionario de Aduanas, Pablo S.V., y su mujer, Mónica F.L. (a quienes también se les imputa el delito de blanqueo); 15 años y medio para José Yamandú R.G. (por imputarle también un delito de tenencia ilícita de armas) y 13 años y medio para el resto: Fidel F.B., Sergio F.O., Ricardo S.N., Xosé Emilio R.C.; los hermanos Marcos y Pablo G.V.; Ismael C.B., Braulio V.V.; y René R.R.
