La Audiencia Provincial de Barcelona acogerá a partir del próximo 23 de octubre la vista con jurado popular contra una viguesa acusada de matar a un hombre en la ciudad condal echando metadona en su bebida.
Los hechos se remontan a agosto de 2021 y para ella Fiscalía solicita hasta 18 años de prisión como supuesta autora de un delito de homicidio y otro de robo con fuerza.
Según se desprende del escrito de acusación del Ministerio público, fue en la tarde noche del 12 de agosto de 2021 cuando la viguesa y otra procesada estuvieron en el domicilio de la víctima en Barcelona, donde consumieron alcohol y otras drogas.
En este contexto, las encausadas, y sin que la víctima se diese cuenta, habrían echado de mutuo acuerdo en la bebida del varón un bote y medio de metadona, una sustancia que se utiliza en el tratamiento de la adicción a la heroína.
«Las acusadas, en el momento en que decidieron mezclar la bebida que tomaba con la metadona y suministrársela, tuvieron que ser conscientes de que esta dosis podía producirle la muerte, con lo que, o bien este era el propósito que guiaba su actuar, o bien y en todo caso, asumieron el riesgo de que, con la ingesta de la sustancia en tal cantidad, ponían en peligro la vida de riesgo que no podían controlar, y aceptaron tal desenlace», apunta Fiscalía.
Así, las acusadas, aprovechando los primeros efectos que la ingesta de la sustancia producía en la víctima, «movidas por el ánimo de obtener beneficio económico a costa del patrimonio ajeno», violentaron una caja fuerte que había en la vivienda y se apoderaron de dinero, relojes, joyas y efectos diversos.
A consecuencia de estos hechos, el hombre falleció, siendo hallado su cadáver al día siguiente por un amigo de la víctima que accedió al domicilio a instancia del hermano del varón.
Las dos acusadas están en prisión preventiva desde febrero de 2022.
Por todo ello, Fiscalía solicita hasta 14 años de prisión para cada una por un delito de homicidio y 4 años más de cárcel por un delito de robo con fuerza. También pide una orden de alejamiento de un kilómetro con la madre de la víctima y el pago de unos 130.000 euros en concepto de responsabilidad civil a la madre y al hermano del fallecido.
