“Como ya se indicó en anteriores inspecciones, este edificio se usa a modo de pensión con personas de bajos recursos y se encuentra con graves problemas de salubridad”. Así figura en un expediente fruto de una inspección de Urbanismo realizada el 24 de septiembre de 2021 en la calle Fisterra.
Los dos inmuebles que se ordenó desalojar la semana pasada por el Concello de Vigo en los números 11 y 13 de la calle Fisterra funcionaban como una pensión sin la pertinente licencia municipal para desarrollar dicha actividad, algo que conocía la Gerencia de Urbanismo desde hace al menos dos años.
Además de dar fe de la existencia de una actividad clandestina, el inspector afirma que el edificio “continúa en muy mal estado de conservación”. Un expediente previo, derivado de otra inspección de Urbanismo, realizada el 1 de marzo de 2019, describe el interior de ambos inmuebles, uno de cuatro plantas y otro de tres, contando en ambos casos la planta baja.
Habitaciones numeradas y con cerraduras
El inspector describe plantas divididas en habitaciones numeradas y con cerraduras, todas con acceso a un baño y una cocina comunes. Del inmueble Fisterra 13 afirma que “en las plantas segunda y tercera, los cerramientos verticales parecen de reciente construcción”, de lo que se infiere la realización de obras sin licencia.
El inspector, que habla de habitaciones de poco más de seis metros cuadrados, añade en el informe: “Tras las pesquisas que realicé en la gestión de expedientes, no localicé ninguna referencia sobre la existencia de licencia para ejercer dicha actividad en ninguna de las edificaciones”.
Precintado temporal
El Ayuntamiento ordenó la semana pasada el inmediato desalojo de ambos inmuebles antes de proceder a su vaciado y precintado temporal “siguiendo criterios de seguridad”, según explicó el Ayuntamiento en un comunicado, donde informó que procedió a cortar el suministro eléctrico dado el mal estado de la instalación.
En todo caso, los problemas con estos inmuebles se remontan a febrero de 2015, cuando la gerencia municipal de Urbanismo resolvió iniciar un expediente de orden de ejecución de obras a los propietarios de Fisterra 11 “como consecuencia de las deficientes condiciones de seguridad y ornato público” en las que se encontraba el edificio, según un informe técnico municipal del 2 de febrero.
Medidas urgentes
Se exigía entonces a la propiedad abordar “medidas urgentes de seguridad tendentes a garantizar la estabilidad de la edificación” con base en el informe técnico que instaba a “evitar la caída de elementos del edificio a la vía pública, a patios interiores y/o predios y edificaciones colindantes”, entre otras actuaciones.
Urbanismo, en junio de 2017 dio un plazo de seis días a la propiedad para iniciar los trámites de las obras, en esta ocasión basándose a otro informe técnico realizado un mes antes, y en octubre de ese mismo año la propiedad fue multada con 900 euros por incumplimiento de las órdenes municipales.
Las sanciones se repitieron en 2019, en esta ocasión con una multa de mil euros, sin que las obras requeridas en 2015 se llevasen a cabo, y en enero de este mismo año, Urbanismo volvió a multar a la propiedad del inmueble, en esta ocasión con 3.000 euros.
