El juzgado de lo Penal 1 de Vigo ha acordado este miércoles suspender una vista contra 8 percebeiros furtivos, acusados de un delito contra la fauna, al no comparecer dos de los acusados, y ha señalado el juicio para los próximos 10 y 11 de septiembre.
Según han apuntado fuentes jurídicas, uno de los ausentes se encuentra hospitalizado, mientras que el otro está en Madrid y, aunque su defensa presentó un escrito en las últimas horas, la jueza ha desestimado sus argumentos. Así, ha ordenado que sean nuevamente citados y, en el caso del acusado que está en Madrid, se le hará el apercibimiento de que puede dictarse contra él una orden de búsqueda y detención.
La Fiscalía formula acusación contra cuatro de ellos, a quienes atribuye un delito contra la fauna, y pide para cada uno multa de 1.080 euros, además de inhabilitación para ejercer el derecho de caza, pesca o marisqueo durante 11 meses, y el mismo tiempo de privación del derecho a tener armas.
Sin embargo, la Cofradía de Baiona acusa a 8 personas y, además de atribuirles el delito contra la fauna, los considera miembros de una organización criminal. Por ello, solicita para dos de ellos, el que considera ‘cabecilla’ del grupo y otro percebeiro ya condenado por vía penal por furtivismo (precisamente, uno de los que faltó este miércoles), la pena de 4 años de prisión, multa de 6.000 euros, e inhabilitación para mariscar o pescar durante 5 años. Para el resto, pide 3 años de cárcel, y las mismas penas de multa e inhabilitación; además de una indemnización de casi 32.000 euros para el pósito baionés.
Extracción ilegal de percebe durante años
Según el Ministerio Público, los acusados se dedicaron «de forma recurrente», al menos desde junio de 2018 y hasta septiembre de 2021, a extraer percebe sin autorización, sin respetar los cupos, ni las tallas mínimas ni las zonas, que eran gestionadas por la Cofradía de Baiona.
Los procesados a los que acusa la Fiscalía fueron sorprendidos en multitud de ocasiones realizando esta actividad ilegal (uno de ellos más de 70 veces, en alguna ocasión varias veces un mismo día).
La Cofradía de Baiona detalla en su escrito de acusación que el que considera jefe del grupo acumula decenas de denuncias por extracción ilegal de percebe. Así, expone que, desde 2018 le constan 32 denuncias, pero que entre 1991 y 2012 la administración autonómica lo sancionó en más de un centenar de expedientes, con multas que sumaron más de 400.000 euros; y, de 2014 a 2021, las multas que le impusieron superaron los 36.500 euros (sanciones que nunca pagó, al ser insolvente).
Según el escrito de acusación particular, entre 2018 y 2021, solo a este procesado, le fueron intervenidos más de 500 kilos de percebes extraídos ilegalmente en numerosas intervenciones.
Esta parte acusa a otras siete personas, de las que afirma que integran junto al cabecilla un grupo criminal, con funciones repartidas (unos extraían el percebe y otros colaboraban en el transporte y venta, o realizando labores de vigilancia).
Otras causas
Se de la circunstancia de que uno de los acusados fue condenado ya en 2022 por un juzgado penal de Vigo, por esa misma actividad delictiva, al pago de una multa de 1.440 euros e inhabilitación por cuatro años.
Además, cuatro de ellos (incluido el anterior) están pendientes de otro juicio por el mismo delito, en este caso por extracción ilegal de percebe desde julio de 2021 hasta mayo de 2023, y también en el litoral de Baiona, además de las costas de Oia y A Guarda.
Esa vista se señaló para febrero pasado, pero fue suspendida y se ha fijado para el próximo mes de junio. En ese procedimiento, la Fiscalía les imputa un delito continuado contra la fauna (además de un delito de quebrantamiento de condena en el caso del acusado con antecentes penales) y pide, para el reincidente, 9.000 euros de multa, y cuatro años y tres meses de inhabilitación; y para los otros tres, solicita 3.000 euros de multa y cuatro años de inhabilitación.
La Cofradía de Baiona, por su parte, además de esos delitos también les imputa la pertenencia a un grupo criminal y pide penas que van de 1 a 4 años de cárcel, además de multas e inhabilitación.
