El juicio contra tres responsables de un club de alterne de Vigo que estaba previsto que se celebrase este miércoles en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica, ha sido suspendido por la baja de un abogado.
Fiscalía pide dos años y seis meses de cárcel para estas tres personas que gestionaban desde enero de 2019 un club dedicado a la prostitución y al alterne.
El caso, relativo al tráfico ilegal de mano de obra, procede del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo. Según el escrito fiscal, los tres acusados gestionaban el club Hot Dog a través de una sociedad.
Para ellos pide dos años y seis meses de cárcel e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, así como una multa de 10 meses con una cuota de 10 euros.
Para la sociedad, el Ministerio Público solicita la pena de suspensión de actividad por tiempo de cinco años y para los cuatro demanda indemnizar de forma solidaria a la Tesorería General de la Seguridad Social por el importe de las cuotas resultantes de dar de alta a trabajadoras.
En el texto, Fiscalía expone como en febrero de 2023 «los tres acusados, actuando de común acuerdo, y durante la inspección conjunta de la UCRIF y la Inspección laboral en dicho club, dieron ocupación laboral en el alterne a diez trabajadoras, sin comunicar su alta en la Seguridad Social, cuatro de ellas sin autorización de trabajo y tres de ellas en situación irregular en España».
En agosto de ese año, los tres acusados, a través de la citada sociedad, «actuando de común acuerdo, y durante la inspección conjunta de la UCRIF y la Inspección laboral en dicho club, dieron ocupación laboral en el alterne nueve ciudadanas extranjeras a las que no habían dado de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social y de las que una se encontraba en situación irregular y cinco carecían de autorización para trabajar en territorio nacional».
Como consecuencia de la citada inspección, el escrito fiscal señala que se abrieron a la empresa dos actas de infracción por dar ocupación laboral a ciudadanos extranjeros sin autorización para trabajar y se le impuso una multa de 40.004 euros por no solicitar el alta a trabajadores.
El club ha permanecido cerrado como consecuencia de la medida cautelar adoptada en septiembre y hasta el 15 de marzo de 2024, «ya que los propietarios del chalet interpusieron demanda de desahucio» contra uno de los acusados por falta de pago.
Como consecuencia de estos hechos, la Seguridad Social tuvo que dar de alta de oficio a varias trabajadoras, «causándole unos perjuicios cuyo importe se desconoce». Los hechos, subraya el escrito fiscal, son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores.
