La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha suspendido este miércoles la condena de dos años de prisión a un hombre acusado de tráfico de drogas en Vigo por disponer en su domicilio de diferentes sustancias estupefacientes y utensilios para prepararlas para su venta.
La Fiscalía solicitaba en un principio cinco años de cárcel por la supuesta comisión de un delito de tráfico de drogas, después de que el propio varón ya fuese condenado a una pena de tres años de prisión en 2019 por el mismo delito, la cual se encontraba también suspendida condicionada al seguimiento de un tratamiento de desintoxicación.
Según recogía el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, los hechos sucedieron en abril de 2020, en pleno confinamiento domiciliario por la Covid-19, cuando agentes policiales acudieron a la vivienda del acusado tras un aviso por un supuesto incumplimiento de las medidas vigentes por la declaración del estado de alarma.
Después de que el hombre abriese la puerta a los funcionarios, uno de los actuantes se percató de que había una báscula de precisión. El propio acusado reconoció ser consumidor de drogas y que la usaba para preparar sus dosis. Preguntado por si tenía sustancias en casa, de forma voluntaria reconoció que tenía MDMA o cocaína.
Por ello, ese mismo día se llevó a cabo de forma legal una entrada y registro de la vivienda, donde además de sustancias estupefacientes se incautaron unos 6.650 euros, básculas de precisión, dos teléfonos móviles y tarjetas de visita con anotaciones mensuales, entre otros elementos.
En un principio, la Fiscalía solicitaba para el varón cinco años de cárcel por un delito de tráfico de drogas, así como una multa de 25.000 euros pero finalmente llegó a un acuerdo con la defensa de dos años de prisión, que no serán efectivos si el acusado no vuelve a cometer ningún delito en tres años desde este miércoles, no da positivo en drogas y acude a tratamiento para tratar su reconocida adicción a los estupefacientes, y una multa de 16.251 euros que, de no pagarla, deberá pasar un día de privación de libertad por cada 500 euros. Además, al acusado se le imponen las costas procesales.
En la resolución, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha tenido en cuenta el agravante de reincidencia y los atenuantes de que el hombre confesó ser adicto a las drogas y que este se encontraba bajo los efectos de substancias ilegales.
