La Fiscalía pide tres años de prisión y una multa de más de 250.000 euros a un empresario de Vigo, nacido en Lisboa (Portugal), acusado de administración desleal. El juicio se celebrará este miércoles, 30 de noviembre, en la Sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.
Según el Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a febrero de 2017 cuando el acusado fue nombrado administrador único de Mariscos Ría de Vigo S.L., empresa en la que carecía de toda participación.
Su nombramiento fue realizado, tal y como consta en la junta de accionistas de la compañía, para que «a la mayor brevedad posible» iniciase la solicitud judicial de procedimiento concursal de la sociedad, dado que la empresa se encontraba en una «muy complicada situación financiera».
Fiscalía ha explicado que, el acusado, en vez de ejecutar las actuaciones precisas para poner en marcha la entrada de la empresa en concurso de acreedores, con la intención de obtener un beneficio económico, procedió a actuar sobre diversos bienes de la sociedad, sin conocimiento de los socios.
Así, en marzo de 2017, el acusado acordó un contrato por el que la empresa que dirigía transmitió a otra compañía la concesión administrativa, por un plazo de 24 años, para la ocupación de una parcela de dominio público portuario de 1.950 metros cuadrados situada en la dársena número 4 de la zona de servicio del Puerto de Vigo.
Todo ello por un importe total de 1.135.000 más IVA, precio del que el acusado, según detalla el escrito de Fiscalía, recibió 150.000 euros mediante un talón bancario que ingresó en una cuenta bancaria de la que, más tarde, fue sacando dinero a su voluntad.
Ya en abril de 2017 se subsanó dicha escritura, haciendo constar de modo expreso que una parte del precio correspondía a una relación de los bienes existentes en la nave, recibiendo el acusado un nuevo talón por importe de 57.375,50 euros, cantidad con la que repitió el proceso llevado con el anterior cheque.
Asimismo, en marzo de 2017, el acusado otorgó en nombre de la compañía un contrato privado de compraventa por el que se transmitía una batea por 70.000 euros, suma que el empresario recibió en una cuenta da su titularidad personal.
Además, a lo largo del mes de abril de 2017, cuando la empresa carecía de toda actividad y los trabajadores ya habían sido despedidos, el acusado adquirió a nombre de la organización un total de trece terminales telefónicos de alta gama con pago aplazado, de los que, a día de hoy, se desconoce su destino. Este movimiento, continúa el Ministerio Fiscal, generó una deuda por importe de 8.569,52 euros con una importante compañía telefónica.
Por todo ello, el acusado estuvo en prisión provisional entre los días 19 y 28 de febrero de 2018. Ahora, la Fiscalía pide para él tres años de prisión, periodo durante el cuál se solicita además una inhabilitación especial para que este no pueda administrar sociedades, además de las costas procesales, una multa de nueve meses con cota diaria de 12 euros y una indemnización a la empresa Mariscos Ría de Vigo S.L. de 251.104,52 euros.
