Fiscalía ha solicitado este martes la absolución de la veintena de acusados por la supuesta okupación del edificio ubicado en la calle Alfonso X El Sabio de Vigo, que sufrió un incendio en octubre de 2023 en el que fallecieron cuatro personas.
El juzgado de instrucción 5 de Vigo ha celebrado esta mañana la vista por un delito leve de usurpación contra los acusados de ‘okupar’ el inmueble, con un total de 25 procesados, de los que dos han sido apartados de la causa al ser menores en el momento de la denuncia.
Pese a que el juicio estaba señalado para noviembre del año pasado, tuvo que ser suspendido por la ausencia de algunos abogados y acusados. En esta ocasión, tres de los procesados tampoco han acudido, por lo que se ha decretado en sala el sobreseimiento provisional para ellos y la búsqueda de su paradero. Además, una de las letradas no se ha presentado, pero sí su defendida, haciéndose cargo otro abogado de la misma.
Tras las declaraciones del administrador del edificio y de la representación de la propiedad del mismo, que negaron haber dado consentimiento para acceder al inmueble a los acusados, fue el turno de los procesados.
Así, la mayoría de ellos se han acogido a su derecho a no declarar, mientras que hasta tres personas han dicho que no residían en el edificio, sino que estaban de visita de algún familiar.
Por su parte, algunos de los procesados sí han reconocido que habían accedido al edificio, llegando una de las acusadas a decir que pagaba una renta de 200 euros a la persona que le dio las llaves. Todos han insistido en que en ningún momento se les requirió de ninguna forma que abandonasen las viviendas.
«Nadie, nada, no hubo ninguna notificación por parte de nadie», ha reivindicado una de las personas que allí vivía. Todos ellos han explicado que salieron del inmueble tras el incendio mortal, que acabó con la vida de una madre y tres de sus hijos. Precisamente, el padre de los fallecidos es uno de los procesados.
Tras todas las declaraciones, Fiscalía ha pedido la absolución de todos, al considerar que no ha quedado acreditado la voluntad de permanencia de los supuestos ‘okupas’, debido a que «nadie les dijo nada».
Por su parte, la acusación particular solicitó que todos fuesen condenados a excepción del padre de los fallecidos y de otro de ellos, ya que este último acreditó que tenía otra residencia. Para el resto solicita una multa de 750 euros y el pago de los gastos de limpieza posteriores al desalojo, que superaron los 25.000 euros.
