La Fiscalía pide 5 años de cárcel para una mujer acusada de un delito de estafa agravada, por haber cobrado casi 56.000 euros a varias personas a las que engañó, haciéndoles creer que eran pagos por gestiones como reclamaciones administrativas o tramitación de pensiones, que realmente no realizaba. El juicio por estos hechos se celebrará el jueves en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.
Según el escrito de acusación pública, la encausada aceptó el encargo de una mujer, a la que conocía porque le había gestionado con éxito un préstamo, y que no estaba de acuerdo con una resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de 2012.
La acusada le aseguró que tenía 3.000 euros pendientes de pago por una multa y que, si los abonaba, podría volver a percibir una prestación por incapacidad temporal. La perjudicada le dio el dinero, pero la acusada se lo quedó, haciéndole creer que ya había pagado la supuesta multa, y empezó a darle excusas sobre supuestas trabas de la administración para justificar que no recuperase esa prestación.
La víctima no sospechaba nada a pesar del paso del tiempo y, tanto confiaba en ella, que también le encargó gestionar una reclamación de su marido, que había sufrido un accidente laboral. En total, ella y su marido le pagaron hasta 2021 un total de 14.935 euros.
A mediados de 2019, y por intermediación de la anterior mujer, la acusada entró en contacto con otra víctima, a la que prometió hacer gestiones para aumentar su pensión de viuvedad, desde 660 a 1.183 euros mensuales. Por esas supuestas gestiones, que nunca realizó, recibió pagos que sumaron 8.883,11 euros.
En octubre de ese mismo año, recibió el encargo de otra persona, un hombre que cobraba una pensión por incapacidad permanente de 751 euros, y le aseguró que podría tramitar una reclamación y conseguir que dicha pensión ascendiera a 1.300 euros. De este perjudicado consiguió que le transfiriera un total de 32.125 euros.
En total, a lo largo de esos años, la acusada consiguió de los perjudicados, según la Fiscalía, un total de 55.943,11 euros. Por estos hechos, el ministerio público la acusa de un delito de estafa agravada, y pide que sea condenada a 5 años de cárcel y al pago de una multa de 3.600 euros.
