A falta de un año y medio para que prescriba la causa, la familia de Déborah Fernández da un nuevo paso para intentar que se resuelva de una vez por todas el crimen de la joven, cometido en 2002. En una rueda de prensa, han denunciado “graves negligencias” en la investigación de la joven de 21 años cuyo cuerpo apareció en O Rosal, a 40 kilómetros de su casa, diez días después de desaparecer mientras hacía deporte en Samil.
Hace un año, las presiones de la familia de Déborah, que nunca bajó los brazos ni dejó que el crimen cayese en el olvido, logró que el caso se reabriese pero desde entonces sigue sin haber avances en una investigación que desde el primer momento situó a su expareja como principal sospechoso. Desde lo ocurrido, han pasado 52 policías, siete jueces y tres fiscales en un caso sobre el que, denuncian, “no se ha realizado todavía una investigación seria y se siguen pistas falsas”.
Los padres y hermanos de la joven asesinada comparecieron en el hotel Ciudad de Vigo acompañados de sus dos abogados, Ramón e Ignacio Amoedo. Por videoconferencia intervino también el investigador Óscar Tarruella, criminólogo y especialista en muertes violentas, que recomendó a la familia realizar un informe criminal-pericial de parte y mostrar fotos de los sospechosos a los últimas personas que vieron a la joven.
El objetivo, subrayaron, es que “la jueza instructora tenga la mayor información posible”. Por lo tanto, además han anunciado que solicitarán la exhumación del cuerpo.
“Por primera vez vamos a numerar y explicar las quince principales negligencias policiales y judiciales del caso”, habían adelantado en la jornada anterior. “Todas son muy graves, creo que la policía, por no destapar todo lo mal que se hizo en el pasado, ha ido de puntillas sobre determinados temas”, ha lamentado Rosa Fernández, la hermana de Déborah. En rueda de prensa, destacó que han elegido “las quince negligencias más destacables pero hay mucho más y en cuanto podamos sacaremos todo, que es mucho”.
- Ni la madre “la persona que más relación tenía con Déborah y su pareja”, ni su hermano José, ni su prima, que fue la última persona que la vio con vida, han sido llamados a declarar en todo este tiempo. “Yo declaré por primera vez el 1 de agosto del año pasado”, subrayó Rosa.
- No se han identificado a los posibles testigos que llamaron aportando posibles pistas del caso y, a quienes acudieron a declarar, no les mostraron fotos de los posibles sospechosos.
- No se investigaron las llamadas de teléfono de su expareja, ni de los amigos o familiares de Déborah.
- El interrogatorio al exnovio de la víctima fue nueve días después de la desaparición. Tras ausentarse de España por motivos laborales, no regresó hasta medio año después de lo ocurrido, una declaración que no se envió a los juzgados hasta 2019. “A día de hoy, tras 18 años, sigue sin pasar por un juzgado”, lamentó Rosa Fernández.
- Se solicitó un perfil psicológico del sospechoso que nunca se llevó a cabo ya que la petición se archivó en el juzgado el mismo día en que se recibió.
- No hubo cruce de declaraciones a pesar de las numerosas contradicciones existentes entre ellas.
- Las declaraciones recogidas en lo atestados no aparecen en los autos judiciales.
- No se inspeccionó el videoclub en el que diversos testigos sitúan a Déborah antes de desaparecer.
- En la recogida de pruebas perdieron el teléfono de Déborah, asegura la familia.
- La Policía no precintó en ningún momento su habitación en los diez años siguientes a la desaparición.
- El ordenador de Déborah, por lo tanto, no fue revisado por los agentes hasta 2016. Este miércoles han anunciado que acaban de recibir la comunicación del juzgado de Tui que lleva el caso de que se les será entregado el disco duro que la propia familia entregó a la policía hace cuatro años.
- El vehículo del principal sospechoso se inspeccionó ocho años después de la desaparición “sin que apareciese ni una sola fibra en un coche de veinte años de antigüedad” y pese a que desprendía en el momento de lo ocurrido “un fuerte olor a podrido” que se atribuyó a una caja de langostinos estropeados sin que fuese comprobado.
- No se investigaron las cámaras de la zona o, al menos, no consta en ningún auto judicial.
- Hay muchas pruebas que fueron tomadas en 2002 y que no se presentaron en el juzgado hasta 2019, como la investigación de un disco duro analizado en 2006 que nunca llegó.
- Las conclusiones de la autopsia no descartan la muerte súbita, una probabilidad que, apuntó Rosa, estadísticamente es del 0,01 por ciento.
“Los expertos que hemos contratado nos dicen que jamás han visto una instrucción tan pésima como la de mi hermana y se preguntan cómo es posible que sigan sin hacer llamamientos fundamentales como el de mi madre, mi hermano José o que a mí me hayan citado 17 años después”, reiteró Rosa Fernández, que también cree vital la declaración de dos agentes. “Lo pediremos judicialmente”, indicó la hermana de Déborah, que ironizó con el hecho de que una de las razones de que la instrucción no hubiese avanzado fuese que se dejó abierta la posibilidad de una muerte súbita. “No explicaría cómo un cuerpo se desplaza 40 kilómetros, se desviste y se crea una escena ficticia de un crimen a su alrededor”, censuró.
Por último, insistió en que lo que piden es justicia para que se resuelva el crimen y recordó que su caso no es único. “Todos nos quejamos de lo mismo, de la falta de coordinación entre las familias y los cuerpos de seguridad del Estado, las limitaciones que existen a la hora de intentar arrojar luz sobre una muerte. Estamos hablando del asesinato de una persona, de la ocultación de su cuerpo y de muchos delitos más”, subrayó. “No pararemos hasta conocer la verdad”, aseguró.
