La Policía Nacional ha denunciado a una empresa ubicada en Vigo que tenía a su personal “en situación irregular”. La Brigada de Extranjería y Documentación de la Comisaría de Vigo-Redondela asegura que una treintena de personas trabajaban en esta compañía “sin contrato y en condiciones de precariedad laboral”.
Según ha informado este lunes el cuerpo nacional, la investigación se inició tras recibirse la alerta en Vigo de una ciudadana que avisaba sobre las condiciones laborales en las que había desempeñado sus tareas en “una conocida empresa dedicada a la asistencia sanitaria a domicilio”, cuyo nombre no ha sido revelado.
La mujer relataba las “condiciones abusivas” en las que trabajaba en diferentes domicilios cuidando a personas mayores dependientes. Las indagaciones efectuadas permitieron detectar que había más víctimas que presentaban un perfil similar: extranjera en situación irregular, con una jornada laboral que duraba todo el día y los siete días de la semana a cambio de un salario ínfimo y sin estar dada de alta en la Seguridad Social.
La investigación, según relata la Comisaría de Vigo-Redondela, puso en evidencia la “precariedad” de las condiciones laborales porque, además, la empresa “no facilitaba ningún tipo de medida de protección” a su plantilla. Por si no fuera suficiente, incorporaba al personal “sin los conocimientos profesionales ni la formación necesaria para llevar a cabo sus tareas, poniendo en riesgo tanto a trabajadores como a pacientes vulnerables”.
Con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo, se realizaron varias inspecciones en domicilios para comprobar la ocupación de la plantilla de la firma investigada. Como resultado, se confirmó la detección de “diversas” personas ejerciendo sus tareas en situación irregular.
En el registro realizado en las oficinas de la empresa se intervino “valiosa documentación” que, una vez analizada por los investigadores, determinó que más de una treintena de personas han estado trabajando para esta empresa “sin contrato y en condiciones de precariedad laboral”.
Por ello, a la persona que dirige la empresa se le imputan varios ilícitos penales, entre otros, delitos contra los de derechos de los trabajadores, intrusismo y contra la Hacienda y Seguridad Social.
