Las personas que el pasado 19 de septiembre irrumpieron en una casa del barrio vigués de Teis seguirán en ella hasta el juzgado dicte un desalojo. La Policía Nacional volvió al lugar este miércoles por la tarde porque los vecinos denunciaron que se estaban manipulando los contadores de la electricidad pero, nuevamente, se evitó actuar por un posible delito de allanamiento de morada, que permite a los agentes detener a los presuntos autores de este ilícito penal.
Las patrullas desplazadas identificaron a dos personas, un hombre y una mujer de mediana edad, aunque se cree que la han llegado ocupar hasta seis individuos. Los efectivos de la Comisaría de Vigo-Redondela se limitaron a tomar los datos de ambos.
Así lo cuenta Irene, una de las afectadas por la entrada de este grupo en la vivienda, que era de su madre, fallecida recientemente. El domicilio, según expone, estaba siendo usado por la familia como residencia ocasional hasta que se produjo este caso que la Policía Nacional interpreta como una ‘okupación’. Aunque la ley teóricamente ampara esta situación como allanamiento, y por tanto permite el desalojo inmediato por parte de las fuerzas de seguridad, en ocasiones los agentes no lo ven claro y optan por dejar el asunto en manos del juzgado.
De hecho, Irene cree que la primera patrulla que acudió al lugar nada más denunciarse lo ocurrido –horas después de la entrada- “actuó mal” y los agentes que han venido después se escudan en que “ya no se puede hacer nada” porque han pasado demasiados días desde ese 19 de septiembre. No obstante, la normativa vigente tampoco contempla ningún lapso temporal para intervenir contra el allanamiento de morada.
Por todo ello, el malestar de los herederos de la casa, situada en el número 14 del Camiño da Cacharela, crece conforme se suceden los acontecimientos. “Vamos a pedir explicaciones de lo que ha pasado”, advierten. Los agentes que acudieron este miércoles consiguieron, tras una larga espera, que los presuntos allanadores les abrieran la puerta e incluso les dejaran entrar. Allí se erigieron en legítimos moradores y adujeron que la casa estaba vacía cuando entraron.
“Decían que tenían fotos de ellos allí hace tiempo, pero no quisieron enseñarlas. Que solo se las mostrarían al juez. La realidad es que no las tienen y parece que saben de esto. Se comenta que no es la primera vez que lo hacen”, revelan los propietarios, quienes aseguran que estuvieron en el inmueble el 18 de septiembre. Al día siguiente, los vecinos vieron a los ‘nuevos inquilinos’ acceder con maletas. Luego se cambió la cerradura.
“Se ríen de la Policía”, asegura Irene de forma literal. Según revela, los vecinos vieron cómo un hombre se escapaba por la parte posterior de la casa antes de que entraran los agentes. De ahí la larga espera, para ganar tiempo. “Cuando uno se escapa es porque oculta algo”, comenta.
Así pues, todo ha quedado en manos del juzgado. Se ha fijado una vista para el 4 de octubre pero todo apunta a que los sospechosos no aparecerán. Los abogados que la familia ha tenido que contratar avisan de que es el modus operandi habitual. De esta forma, el proceso se dilatará más.
La Comisaría de Vigo-Redondela ha alegado que “no se pudo demostrar cuándo” se produjo la irrupción en la vivienda y que la detención “depende de la inmediatez comprobar que es un delito flagrante y la titularidad del domicilio”.
Coste económico y personal
Irene califica la situación de “vergonzosa” por los problemas legales que están encontrando y de “angustiosa” por la inseguridad que siente el barrio, además de por los costes que les va a generar este caso. No solo por tener que contratar abogados, sino porque la luz y el agua de la casa están en continuo funcionamiento.
“Tienen la corriente siempre encendida, incluso de madrugada. Y el agua está constantemente corriendo. Creemos que es para saber si se les corta el suministro en algún momento, aunque realmente no podemos hacerlo”, explica Irene. “Nos están sacando el dinero que no tenemos. Le dijeron a la Policía que solo ingresan 1.000 euros al mes. Yo no llego a eso”, añade.
Además, la familia guardaba recuerdos personales en la vivienda y, por lo que sospechan, o bien han sido vendidos o quemados para borrar su rastro. “Había fotos de mi hija, que la perdí hace unos años. También ropa de mi suegra”, lamenta Irene. “Soy incapaz de dormir. No podemos más”, concluye.
