La investigación judicial por la desaparición y muerte de la joven viguesa Déborah Fernández-Cervera, dirigida por el juzgado de instrucción 2 de Tui (Pontevedra), se acerca a su final, toda vez que ya se han practicado las últimas diligencias pendientes, y no se prevé ninguna otra prueba.
En enero de este año el juzgado acordó prorrogar la instrucción por seis meses, ya que estaban pendientes los resultados de dos diligencias: un informe de los peritos de la Policía sobre el teléfono de la joven (localizado en septiembre de 2022 en dependencias policiales tras casi 20 años desaparecido) y la prueba de cotejo de ADN del exnovio de Déborah (único investigado en la causa) acordada por la jueza, después de que una primera muestra se hubiera tomado de forma irregular, en 2002, y una segunda, tomada en 2010, no fuera analizada.
Esas dos diligencias ya han sido practicadas y, a la espera del informe sobre el ADN, ya se conoce el resultado del informe pericial de la policía sobre el teléfono de Déborah. Así, tal y como se preveía, los expertos confirmaron que había sido imposible obtener información de contactos, llamadas o mensajes del terminal, que no tenía la tarjeta SIM cuando fue localizado.
La familia de Déborah, que desde hace meses está pidiendo el archivo del procedimiento, espera que, antes de que acabe el plazo de prórroga de la instrucción, el juzgado dé por cerrada la causa y no confía en que se dicte auto de apertura de juicio, tras más de 20 años de vicisitudes de una investigación que han calificado reiteradamente de «desastrosa».
