Una madre viguesa se enfrenta a penas de prisión y a la pérdida de la patria potestad sobre su hijo, al ser acusada de un delito de sustracción de menores, por mudarse con el menor desde Vigo a una ciudad de Castellón sin el conocimiento y consentimiento del progenitor, aunque la procesado ha negado este miércoles, en el juicio celebrado en la sala de lo Penal 3 de la ciudad olívica, que actuara con el fin de «obstaculizar» el cumplimiento del régimen de visitas.
En la vista, el padre del niño explicó que había estado años sin convivir con el menor, porque estuvo cumpliendo pena de prisión y que, en 2019 presentó una demanda de filiación para reconocer al niño, que ya tenía 4 años, y darle sus apellidos.
A partir de ahí, se inició un proceso para establecer un régimen de visitas, porque, según ha declarado, la madre no le permitía contacto con el niño, un proceso que concluyó con una sentencia emitida en julio de 2021, en la que la madre se quedó con la custodia, la patria potestad era compartida y se fijaban unas visitas.
Según denunció el progenitor, apenas pudo estar con su hijo un par de fines de semana porque, a primeros de septiembre, la madre se trasladó a una localidad de Castellón y empadronó y escolarizó allí al niño, sin su conocimiento ni consentimiento. Y todo ello, ha explicado, a pesar de que el niño ya estaba matriculado en un centro de Vigo.
Varios testigos (un agente de Guardia Civil, uno de la Policía y el secretario del colegio de Castellón) han corroborado que, en efecto, la mujer estableció su domicilio en ese municipio y matriculó a su hijo, que «estaba bien atendido», en un colegio, a pesar de que el padre no firmó la matrícula.
Crianza «sin ayuda» del padre
Por su parte, la acusada, que ha declarado después de los testigos, ha explicado que comenzó la relación con el padre del niño después de que éste saliera de prisión y que, en una breve convivencia de 3 meses, se quedó embarazada. Poco después, el padre volvió a ingresar en la cárcel por otros delitos y el niño nació estando su padre privado de libertad.
Con todo, ha explicado que lo llevó a prisión siendo bebé para que el padre lo conociera y que nunca le negó el contacto con la familia paterna, con quien tenía «muy buena relación», y el niño visitaba a sus abuelos, primos y tíos.
Al respecto del traslado a Castellón, la mujer ha explicado que, debido a problemas de salud perdió su empleo y que el motivo de esa mudanza era mejorar su estado y trabajar, ya que tanto ella como su pareja tenían ofertas de empleo en la zona. Asimismo, ha explicado que, cuando se produjo la vista para establecer el régimen de visitas, ya advirtió de que se mudaría y pidió que esas visitas se adaptasen a la nueva circunstancia.
Además, ha subrayado que, desde que nació, ha criado a su hijo sin ayuda económica del padre, salvo los 100 euros que le paga desde que así lo fijó una sentencia. En ese sentido, ha señalado que el padre no trabaja y que los primeros años de la vida del niño los pasó en la cárcel, aunque ha matizado que «nunca» le habló mal de él al menor ni le dijo que había estado en prisión.
«No pensé que me iba a denunciar por esto, porque siempre le facilitamos ver al niño y visitarlo», ha señalado, al tiempo que ha recordado que, tras el traslado a Castellón, el padre volvió a estar con el niño durante las Navidades y en otros períodos de vacaciones.
Informes finales de la acusación
En su informe final, la Fiscal ha mantenido su acusación y su petición de 2 años y medio de cárcel, y pérdida de la patria potestad durante 4 años. Según ha subrayado la representante del ministerio público, la acusada se llevó al niño sin consentimiento ni conocimiento del padre, y lo hizo para «obstaculizar» el cumplimiento del régimen del visitas, ya que el nuevo domicilio del niño está a más de 1.000 kilómetros de Vigo.
Así, ha señalado que hizo los trámites de escolarización y empadronamiento usando un Libro de Familia no válido (en el que todavía no constaba la filiación del menor, con los apellidos de padre y madre), «a escondidas» del padre y todo porque los tribunales no aceptaron su intención de quitarle la patria potestad al progenitor.
En la misma línea, la acusación particular ha subrayado que la acusada «ansiaba a toda costa obstaculizar la relación entre padre e hijo», y que «maquinó un plan» para el traslado llegando incluso a «engañar» al director del colegio de Castellón, diciéndole que desconocía el paradero del padre, y utilizando de forma «torticera» un Libro de Familia no válido. Por todo ello, esta parte eleva a 4 años la pena de prisión y reclama la pérdida de patria potestad durante el mismo período.
Había «una causa justificada»
Finalmente, la defensa ha pedido la libre absolución porque, aunque la acusada desoyó el requerimiento judicial al mudarse, en cuanto hubo sentencia nunca negó las visitas del padre al niño. Asimismo, ha incidido la letrada, la mujer advirtió de que se trasladaría y pidió que se regulasen las visitas según esa circunstancia.
La abogada ha recalcado también el hecho de que la mujer ha tenido que criar sola a su hijo y que el menor está perfectamente integrado en su domicilio de Castellón, con unas calificaciones excelentes en la escuela y «es feliz», sin haber dejado de relacionarse con su padre que, desde que salió de prisión, «no tiene oficio ni beneficio». «Ella tenía que pensar en sacar adelante a su hijo, y eso es prioritario, antes que las visitas. Lo primero era su salud y su trabajo, en beneficio del interés superior del menor, y eso no se lo podía garantizar el padre», ha justificado.
Según ha concluido, no se produjo una sustracción del niño porque había «una causa justificada» para el traslado: la mejora de la salud de la madre y la oportunidad laboral para seguir criando a su hijo. Por ello, ha cuestionado: «¿cómo se le va a quitar la patria potestad a la madre que lo ha sostenido?», «si se la inhabilita, ¿qué va a ser del niño?».
Tras explicar que no hubo intención fraudulenta en el empadronamiento y matrícula del niño (la madre todavía no disponía del nuevo Libro de Familia, y lo presentó en cuanto lo tuvo), la defensa ha afirmado que la petición de 4 años de cárcel es «desmedida» y que el padre «busca una condena por venganza».
Por todo ello, ha pedido la libre absolución de la mujer y, en caso de condena, que sea castigada por un delito de desobediencia y no de sustracción de menores, aplicándose la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
