En este sentido, Pazos ha citado el artículo 502.1 del Código Penal, que considera la incomparecencia como un delito de “desobediencia”. Además, subraya que los cargos públicos se arriesgan a ser suspendidos de empleo por un plazo comprendido entre los seis meses y los dos años.
Este artículo fue añadido en su día para obligar a los citados a comparecer, ya que la normativa que regula los testimonios de las comisiones de investigación autonómicas no fuerza de por sí a ello, lo cual provocaba que las ausencias fuesen frecuentes.
De esta manera, según el calendario establecido, el próximo martes, deberán declarar Elena Muñoz y Rubén Pérez, como portavoces del PP de Vigo y Marea de Vigo, partidos de la oposición en la Corporación Municipal. El jueves será el turno del exalcalde Carlos Príncipe, como firmante del convenio Abrir Vigo al Mar, que determina el uso y las competencias en el muelle que se desplomó.
Entre la última semana de enero y la primera de febrero comparecerán distintos técnicos, tanto de organismos implicados como independientes, y a partir del 14 de febrero lo harán responsables políticos de distintas áreas del Concello de Vigo.
Concretamente, el concejal de Seguridad, Carlos López Font, y Abel Caballero deberán asistir el martes 19. Dos días después, el 21 de febrero le tocará al presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga.
Testimonios
Hasta el momento, la comisión ha tomado testimonio a tres personas. El primero fue el gerente de la Axencia Galega de Emerxencias, Marcos Araújo, que denunció que el día del accidente no se activó el plan de emergencias municipal y desveló que el Concello de Vigo no les ha proporcionado nunca un teléfono de contacto fuera de horario de oficina para casos de urgencia.
También han comparecido el gerente del área sanitaria de Vigo, Félix Rubial, que destacó la “excepcional” actuación de los servicios sanitarios, y el portavoz de la asociación de víctimas, Julio López, que se quejó de la situación de desamparo que viven.
