A raíz de una investigación iniciada en febrero por la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) de la Guardia Civil de Pontevedra se han intervenido un total de 270 toneladas de productos del mar congelados, la mayoría de los cuales están destinados a la destrucción.
Esta operación ha llevado a la identificación de 13 personas investigadas por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y contra la salud pública, así como la emisión de tres alertas sanitarias por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).
La investigación comenzó tras una denuncia interpuesta por los servicios jurídicos de una reconocida cadena de supermercados, que alertó sobre la reintroducción
de productos del mar congelados que habían sido dados de baja para el consumo humano debido a un accidente de tráfico que comprometió su cadena de frío.
Las pesquisas se centraron en la localización de la mercancía sustraída por la empresa logística que pertenecía a la mencionada cadena de supermercados.
Parte de esta mercancía fue localizada entre Madrid y Pontevedra, lo que dio lugar a la fiscalización de cinco instalaciones de almacenamiento de frío en la
provincia de Pontevedra.
A través de la colaboración de inspectores de Riscos Ambientais del Servicio de Salud Pública del SERGAS, se inmovilizaron partidas de pescado, marisco y cefalópodos, además de identificar otras irregularidades en productos que no estaban relacionados con la denuncia inicial.
Los investigadores encontraron que muchos de los lotes intervenidos habían sido manipulados para modificar su trazabilidad y ser reintroducidos en la cadena de
consumo a pesar de haber perdido sus requerimientos sanitarios.
En las instalaciones de la empresa logística denunciada, se detectaron mercancías sin trazabilidad, muchas de ellas con fechas de consumo preferente caducadas y procedentes de siniestros declarados a diversas compañías aseguradoras.
Además, se realizaron inspecciones coordinadas con los Pública de Galicia y de la Generalitat Valenciana, resultando la inmovilización cautelar de 128 toneladas adicionales de productos congelados, que presentaban irregularidades graves, tales como etiquetado falsificado, mala conservación y falta de declaración de alérgenos.
Las actuaciones culminaron con una orden de entrada y registro en un establecimiento elaborador en Valencia, donde se incautaron 120 toneladas de productos congelados y se recogió valiosa documentación que permitió avanzar en la investigación.
La AESAN ha decretado tres alertas sanitarias relacionadas con la falta de trazabilidad y reetiquetado incorrecto en productos como langostinos, así como la
presencia de sulfitos no declarados y la comercialización de productos habían sufrido una ruptura de la cadena de frío.
La investigación continúa abierta, y se están llevando a cabo acciones para garantizar la seguridad alimentaria y proteger al consumidor final, dado el riesgo
que representa la comercialización de estos establecimientos de España, Alemania y Holanda.
