Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Galicia un grupo familiar responsable de 100 empresas que defraudó casi tres millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social. Su actividad principal era la hostelería aunque también contaban con compañías de seguridad, construcción y un taller mecánico. Creaban distintas mercantiles para dar de alta en la Seguridad Social a gran cantidad de trabajadores y, tras generar una deuda por no pagar las seguros sociales, se valían de nuevas sociedades donde les volvían a registrar.
Los administradores y socios al frente de las mercantiles eran familiares y trabajadores de confianza y utilizaban como nexo de unión una compañía que contaba con autorización RED y actuaba como gestoría del resto. Han sido arrestadas 13 personas por blanqueo de capitales, insolvencia punible, delitos contra el derecho de los trabajadores y varios delitos contra la Seguridad Social.
Según informó la Comisaría de Vigo, la investigación comenzó a finales del año 2014 al recibir una información sobre posibles irregularidades en la gestión de varios establecimientos de hostelería ubicados en la localidad de Vigo. Al parecer la denunciante había detectado un error en su periodo de cotización durante el cual había trabajado como camarera para estos establecimientos.
Después de realizar diferentes comprobaciones con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra se comprobó que varios centros de trabajo, en las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra, estaban siendo inspeccionados por lo que se comenzó una investigación para comprobar la posible existencia de un fraude a la Seguridad Social.
A fin de conocer la situación real de cada una de las empresas de la organización con la Seguridad Social, muchas de ellas con el mismo domicilio social, se solicitó la relación de empresas que tenían deuda con la Administración, y si se había iniciado actuaciones administrativas contra algunas de ellas, así como documentos necesarios para iniciar las actuaciones investigadoras. Con dicha documentación se comprobó que la deuda total con la Tesorería General de la Seguridad Social de las empresas de la organización ascendía a 2.781.347,61 de euros.
Altas y bajas de una empresa a otra
Después de realizar varias pesquisas se descubrió con el modus operandi de la organización que consistía en crear distintas empresas en las que daban de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores y desde el inicio de la relación laboral no pagaban las correspondientes cuotas sociales. Al no cumplir con el pago de los seguros sociales se generaba un volumen considerable de deuda y entonces procedían a dar de baja a los empleados y al día siguiente volvían a registrar su alta en una nueva mercantil con el fin de evitar el pago. Para evitar el seguimiento del fraude llegaban a utilizar la misma empresa para dar de alta a los trabajadores en distintas provincias.
Habían creado 100 empresas con el fin de eludir la acción policial y defraudar a la Seguridad Social evitando pagar las cuotas sociales. Un total de 64 mercantiles de las 100, sí figuraban dadas de alta en la TGSS, y habían realizado un movimiento total de trabajadores que alcanzó a 3.500 personas –siendo muchas de ellas las mismas-. Del resto de las sociedades implicadas, 36 no figuran dadas de alta y 16 eran utilizadas para facturar importantes cantidades de dinero con el fin de obstaculizar las labores de inspección. Además tenían una empresa nexo de todas las demás que contaba con autorización RED de la Seguridad Social y que era la gestora del resto, la encargada de facturar a un número importante de empresas de la organización.
Coacciones a los empleados
Avanzadas las investigaciones y tras tomar declaración a alrededor de 100 trabajadores se tuvo conocimiento de que los implicados no comunicaban a éstos las altas y las bajas que registraban en sus diferentes empresas. Además cuando les mostraban un nuevo contrato en el que figuraban asegurados en otra sociedad y estos pedían explicaciones, los responsables les amenazaban con no entregarles el cheque de salario si no firmaban. Así mismo han atestiguado que llegaban a trabajar, sin remuneración por las horas extra, en torno a las 60 horas semanales aunque su contrato solo figuraba la media jornada.
La operación ha culminado con la detención de 13 personas acusadas de blanqueo de capitales, insolvencia punible, un delito contra el derecho de los trabajadores y varios delitos contra la Seguridad Social. La operación se ha llevado a cabo por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social UDEF Central perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial y la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación de la UCRIF de la Comisaría de Vigo.
