La abogada de Juan Carlos Santórum, que defiende también a otros seis acusados del entorno del arousano, ha señalado este jueves que no hay prueba alguna que vincule a sus patrocinados con el alijo de de 3,8 toneladas de cocaína intervenidas a bordo del buque Karar, en abril de 2020, y ha señalado que la investigación policial de este narcotransporte se dirigió a «perjudicar» a estos acusados, por lo que ha pedido la libre absolución.
En la presentación de su informe final ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, la abogada Carmen Ventoso ha remarcado que «no hay forma de vincular» a sus clientes con ese cargamento de droga, «ningún indicio incriminatorio», y ha añadido que tampoco disponían de embarcaciones «aptas para salir al mar». «¿Dónde está su caso, señor Fiscal?», ha cuestionado.
La letrada ha sido muy dura con la actuación policial, y con los informes de los investigadores, en los que «no hay más que especulaciones», y ha criticado especialmente el proceder del instructor de la investigación, un exjefe policial que, actualmente, está investigado por un juzgado de Murcia por su presunta vinculación con el narcotráfico. «Hay que valorar su credibilidad (*) no tenemos ningún problema con la Policía, con este instructor sí», ha añadido, y ha recordado que el funcionario declaró en este juicio estando suspendido, imputado y en libertad provisional.
Igualmente, ha subrayado que las investigaciones iniciales en torno al Karar apuntaban a otra organización criminal, «que sí contaba con los medios materiales» para llevar a cabo una operación de alijo de estas características, pero la Policía «se lo ocultó al juzgado».
Esta defensa ha expuesto varios motivos de nulidad del procedimiento, alegando vulneración de derechos e indefensión, y ha remarcado que la propia Audiencia Provincial señaló, en los autos de puesta en libertad provisional de los investigados, que no se podían vincular a la droga del Karar.
Asimismo, ha pedido ‘expulsar’ del procedimiento varias pruebas, al no poder garantizarse la cadena de custodia y la veracidad, como la foto de papel encontrado en un nave en Vinquiño con unas coordenadas anotadas, o las cartas náuticas intervenidas.
Por otra parte, también ha insistido en que la confesión de los tripulantes del Karar, «cogidos con las manos en la masa», fue resultado de un acuerdo con la Fiscalía para lograr una rebaja de la pena. «Llevaban la lección aprendida durante 4 años, para soltarla y punto. Hay que valorar su credibilidad», ha apuntado.
El «marionetista» que «mueve los hilos»
Por su parte, la abogada Mar Vega, defensa del colombiano René R.R., ha iniciado su intervención subrayando la presencia, en este proceso, de un «marionetista» que «mueve los hilos», papel que atribuye al instructor policial de las investigaciones (el exjefe imputado).
Al respecto ha subrayado que este testigo se limitó a defender la actuación policial para «encajar» la investigación de la DEA (sobre el Karar) con la suya en tierra (al entorno de Santórum). Además, ha subrayado que el «marionetista» contó con la ayuda de otro «personaje»: el usuario «fantasma» del teléfono portugués que, supuestamente, llamó a su cliente para informarle sobre la singladura del barco y que también estaría en contacto con la organización de Santórum.
Según ha señalado, «al marionetista nunca le interesó» investigar la identidad de esa persona, ni localizar el teléfono, a pesar de que se supo que estaba en Madrid.
Por todo ello, y tras constatar que la Fiscalía «se ha creído la película del marionetista», ha apelado a la «independencia del poder judicial, y ha recordado que René R.R. no es nombrado en toda la investigación del Karar hasta que fue detenido. «¿En qué operación de transporte de droga participó?¿Cuál fue su papel en la organización?», ha preguntado.
René R.R. fue detenido en junio de 2020, semanas después del abordaje del Karar y de las primeras detenciones. Este acusado fue detenido tras encontrarse con el exfuncionario de Aduanas y su mujer en Madrid, a quienes entregó dos bolsas con un total de 368.000 euros. En el registro de su domicilio, tildado de «irregular» por su abogada, se encontraron varios paquetes de cocaína.
Defensas de los tripulantes
Las defensas de los tripulantes, para quienes la Fiscalía ha rebajado la petición de pena por la confesión de los hechos, han reclamado que se aplique también la atenuante de dilaciones indebidas. La abogada de José Manuel B.G., el único gallego a bordo del Karar, ha remarcado su actitud colaboradora y su «arrepentimiento».
Los abogados del resto de tripulantes (5 de Nepal y 9 de Bangladesh) han pedido, además, que se ejecute de inmediato la expulsión de estos acusados, para no aumentar los perjuicios que ya han sufrido, al haber estado 6 meses en situación de «indigencia», sin permiso de residencia ni de trabajo, tras su excarcelación después de 4 años de prisión preventiva.
Además, han recalcado que estos marineros no supieron nada del transporte de la droga hasta días antes de zarpar. «Estaban fuera de su país, no habían cobrado ni tenían billetes de vuelta y, o se tiraban al mar, o seguían con la singladura (…) no son autores de un delito, sino colaboradores de colaboradores «, ha subrayado uno de los abogados.
Informes de otras defensas
El resto de defensas ha insistido en la inocencia de sus patrocinados y han pedido su libre absolución o, en el peor de los casos, condenas rebajadas.
El letrado de Ismael C.B. ha subrayado que no hay pruebas suficientes para condenarlo y que este acusado era «drogadicto» en el momento de los hechos, además de padecer un «trastorno psiquiátrico que le incapacita para tomar decisiones y entender muchos razonamientos». Un perfil «difícilmente encajable» con el de un «avezado piloto» de narcolanchas.
El representante de Pablo S.V., exfuncionario de Aduanas, ha recordado que este procesado comenzó a ser investigado a raíz de una llamada telefónica anónima que «no consta» como realizada a la operadora.
En todo caso, ha explicado que el nombre de este acusado no aparece en las conversaciones grabadas por la Policía, como sí aparece de forma recurrente el de un alto funcionario de Aduanas de Vigo, y ha cuestionado también la investigación patrimonial que se le hizo, por la que se acusa de blanqueo. «Ha hecho algunas cosas mal, y ha pagado su precio, pero no es de recibo que le pidan casi 20 años de cárcel por una supuesta vinculación con una organización criminal de narcotráfico», ha apuntado el letrado, que mantiene que su cliente no tiene relación con Santórum ni con la droga del Karar.
La letrada de su mujer, al margen de cuestionar la investigación policial «prospectiva», ha recordado que el nombre de Mónica F.L. apenas sale en la causa y su detención fue «claramente ilegal». Según ha recalcado, la acusada no tenía conocimiento de los ingresos en la cuenta de la que era cotitular con su marido y desconocía que hubiera un posible origen ilícito de esos fondos. «La convivencia matrimonial no extiende una actividad delictiva», ha apuntado.
Por su parte, la abogada de Braulio V.V., que ha cuestionado también la actuación de los investigadores, ha lamentado que se metió a su cliente «en el mismo saco» que al resto de acusados, cuando no se ha podido demostrar su participación en los hechos y cuando «lo único» que hizo fue contar a la Policía la información que recibió sobre la llegada del buque Karar.
Este viernes se reanudará el juicio con la celebración de la última sesión, en la que presentará su informe el último abogado defensor, el del constructor naval Fidel F.B., y a continuación el tribunal dará paso al trámite de uso de la última palabra, antes de dejar la causa vista para sentencia.
