La Guardia Civil investiga a 10 personas como presuntas autoras de un delito de falsedad documental, al manipular los tacógrafos instalados en camiones.
La operación se culminó después de una compleja investigación que se inició en junio de 2023, tras la detección, por parte de agentes especialistas en transporte pertenecientes al Destacamento de Tráfico de Pontevedra, de un camión con indicios de manipulación de los parámetros de calibración del tacógrafo.
Trasladado el vehículo a un centro técnico autorizado para proceder a una revisión extraordinaria, se constata la supuesta manipulación, la cual, consiste en la alteración de los parámetros de calibración del tacógrafo, para de esta forma falsear los datos correspondientes a la velocidad, alterando el limitador de velocidad que tienen instalado obligatoriamente este tipo de vehículos.
Durante el desarrollo de la operación denominada TruckPo1 llevada a cabo por el Grupo de Investigación del Subsector de Tráfico de Pontevedra (GIAT) junto con los Guardias Civiles especialistas en transporte de Pontevedra, se detectaron cuatro empresas de transporte que, en connivencia con tres centros técnicos, ejecutaban, de manera continuada, los citados ilícitos. Estas empresas se dedicaban principalmente al transporte de marisco y pescado.
Al alterar los tacógrafos, los camiones superaran la velocidad máxima permitida, para así poder beneficiarse en el cumplimiento de los horarios de recogida y entrega en los respectivos destinos, además de la ventaja que ello supone en el cumplimiento de la normativa referente a tiempos de conducción y descanso.
En consecuencia, esta práctica delictiva genera un grave perjuicio, en primer lugar sobre la seguridad vial, creciendo de manera exponencial la gravedad del riesgo a medida que un vehículo de gran tonelaje aumenta su velocidad, ya sea en lo que respecta al riesgo de sufrir un accidente de tráfico, así como a la gravedad de las consecuencias del mismo.
En segundo lugar, con este modus operandi se dificulta la labor de inspección de los agentes, ya que los datos observados no recogen datos reales, además de ser partícipes de una clara competencia desleal sobre el resto de empresas del sector.
Por último, se significa que la ejecución de estos hechos supone la supuesta comisión de un delito de falsedad documental, lo cual puede conllevar penas de prisión de seis meses a tres años, agravándose dichas penas si los hechos se producen de manera continuada.
