La Policía Nacional ha detenido en Vigo a un ciudadano colombiano de 46 años como presunto autor de un delito de estafa. El sujeto está acusado de darse por fallecido mediante la obtención de un certificado de defunción, que permitió a él y a su familia cobrar una indemnización del seguro por esta supuesta muerte.
El hombre presuntamente sobornó a un funcionario en su país de origen para que emitiera dicho certificado en el año 2005. La alarma saltó a finales de 2019, cuando la Comisaría de Vigo-Redondela recibió una petición de asilo político, un trámite que es “minuciosamente comprobado” por los agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras. Una vez recibida la documentación necesaria, y tras tomarle las huellas al solicitante, se comprobaron todos los detalles en las bases de datos policiales.
El sistema alertó de que con esas huellas estaba dado de alta otro ciudadano colombiano distinto, que había salido de España en 2005. En primer lugar, los investigadores trataron de averiguar si esta persona que había vivido en España lo había hecho con documentación falsa o si bien el individuo que ahora estaba pidiendo asilo había presentado una solicitud con datos incorrectos.
Para ello, se requirió la colaboración de la Policía de Colombia. Después de varios meses de intercambio de información y conversaciones, se pudo confirmar que el ciudadano que residió en España hasta 2005 había muerto oficialmente al poco de llegar al país sudamericano. Unos meses más tarde, la Policía Nacional obtuvo la fotografía y las huellas de este supuesto fallecido y los investigadores comprobaron que era el mismo que ahora reclamaba asilo. Así, el muerto había ‘resucitado’ en Vigo.
“Pero la perplejidad es mayor cuando, por distintas líneas de investigación, se descubre que en el año 2005 hubo una solicitud de indemnización por parte de los familiares en Colombia a una compañía de seguros en España por el fallecimiento de su familiar. En su momento presentaron certificados que avalaban organismos oficiales de Colombia”, explica la Comisaría de Vigo-Redondela.
El documento tenía todos los visos de ser legal pero el presunto fallecido había pagado a un funcionario para obtener ese certificado de defunción. “Una vez averiguado qué compañía española había pagado la indemnización, se supo que la cantidad percibida por los familiares rondaba los 200.000 euros”, informa la Policía Nacional.
Así pues, el regreso a España de este ciudadano colombiano en 2019 levantó “una trama bien orquestada para darse por fallecido fraudulentamente y cobrar una sustanciosa cantidad de euros”. Finalmente, la solicitud de asilo fue denegada y, de hecho, se ha ordenado la expulsión del país de esta persona una vez que responda ante la Justicia por esta estafa.
