La investigación comenzó a mediados del pasado año gracias a diferentes escritos-denuncia remitidos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Los agentes han revisado y analizado doce expedientes de empresas deudoras, determinando la implicación de los investigados en diversos delitos.
La policía ha informado de que ha constatado que los responsables de los ilícitos son principalmente los administradores y socios de las empresas, si bien también se ha detectado la implicación de familiares directos y de trabajadores que actuaban como testaferros. Estos últimos bajo la amenaza de perder su puesto de trabajo.
Los agentes han realizado informes patrimoniales de las personas y empresas implicadas, logrando aflorar bienes que habían tratado de ser ocultados para evitar las acciones ejecutivas de los acreedores, simulando con ello una situación de insolvencia.