Una investigación dirigida por un juzgado de Vigo y llevada a cabo por el Grupo de Patrimonio de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra ha llevado a la desarticulación de un grupo dedicado a estafar a personas de edad avanzada, y ha concluido con la detención de una persona y la investigación de media docena más, entre ellas, un procurador colegiado en Pontevedra.
Según han informado fuentes de la Comandancia, las pesquisas de la llamada Operación Colddoor se iniciaron en febrero pasado, al entrar una denuncia en el juzgado de instrucción 4 de Vigo, de una persona mayor residente en Baiona. Esta persona denunció varios supuestos delitos de estafa y falsedad documental en trámites de financiaciones irregulares.
A partir de ese momento, la Guardia Civil centró la investigación en una sociedad mercantil responsable de contratar ventas de diversos productos a domicilio, con sede en La Rioja y delegación en O Porriño. Se trataba de una sociedad que «ya poseía declarada insolvencia definitiva por un Juzgado de lo Social de Vigo».
Al analizar los contratos de ventas (de productos como masajeadores de pies o de rodillas, purificadores de agua o aire, fundas de colchones, etc.), los investigadores identificaron a las personas responsables de la administración, de las visitas a los domicilios y de las ventas mediante engaños.
Ventas a domicilio
Primero seleccionaban los domicilios que iban a visitar, preferiblemente de gente mayor que vivía sola, y les ofrecían diversos regalos como ‘gancho’ para ganarse su confianza y venderles los productos. Los vendedores recibían cursos y jornadas preparatorias para llevar a cabo esas ventas, y tenían aprendido un guión para convencer a los ancianos.
En la primera visita firmaban un precontrato de venta de un producto supuestamente terapéutico cuyo precio rondaba los 3.500 euros, un precio muy por encima de su valor real, y se ofrecían sistemas de financiación mediante pago de mensualidades.
Al día siguiente, personal de la empresa llevaba los productos y eran los encargados de firmar el contrato de venta y el de financiación. No obstante, si había posibilidad de cobrar en efectivo, realizaban los cobros sin que quedase constancia de ello en el contrato de venta ni en el de financiación. Incluso en ocasiones, ha informado la Guardia Civil, este personal se ofrecía a acompañar a los clientes al banco para retirar dinero de sus cuentas.
Varias irregularidades
La investigación permitió constatar, a través de la facturación presentada ante Hacienda, que los productos ofrecidos se facturaban como regalos, siendo el mayor montante enciclopedias o colecciones de libros descatalogados, y que únicamente tributaban un 4 % del IVA.
Otra forma de engañar a los afectados consistía en refinanciar sus compras, convenciendo a las personas mayores de que tendrían mejores condiciones de pago y plazos. Sin embargo, en realidad cerraban una nueva financiación con otra empresa, de manera que los afectados tenían más ‘letras’ mensuales para pagar distintos préstamos personales.
En el marco de esta investigación, se solicitó al responsable de la Delegación del Servicio de Consumo de Pontevedra, que realizase estudio de los contratos de venta de la empresa y de la financiación. En su informe, este expderto describió numerosas infracciones a la Ley para la defensa de los consumidores y usuarios; a la Ley de venta a plazos de Bienes muebles; y a la Ley de contratos de crédito al consumo.
Estas infracciones consistían, entre otras irregularidades, en: carencia al detalle de los productos objeto de contratación y del precio al contado; carencia del cuadro de amortización que debe entregarse al consumidor en el momento de la contratación del préstamo; la información, sobre publicidad y promoción comercial de productos, con pretendida finalidad sanitaria; constar menor plazo del ejercicio del derecho de desistimiento y de garantías; cláusulas abusivas en el contrato por comisión de gestión de reclamación por impagos; o tratamiento de los datos personales sin autorización para la cesión.
En este escenario, los investigadores consideraron acreditados los delitos de estafa con agravante de abuso de confianza y falsedad documental en documentos privados.
Investigados y detenido
Por ello, se procedió a la investigación de una mujer de 27 años, vecina de Vigo y con antecedentes penales; un hombre de 28 años, vecino de Redondela; un vecino de Ponteareas de 40 años y con antecedentes; y un vecino de Valladolid de 49 años y numerosos antecedentes penales.
Igualmente, a principios de junio se notificó como investigados a los responsables de las sociedades financieras implicadas, con sedes en Asturias y Cataluña: un hombre de 58 años y vecino de Oviedo, y un varón de 76 años, miembro del Colegio de Procuradores de Pontevedra.
En este sentido, la Guardia Civil ha señalado que consideran que estas sociedades eran un medio para la comisión de los delitos porque, entre otras irregularidades, no hacían constar en los documentos contractuales los productos adquiridos, ni los precios reales y no figuraba el coste de la real de la financiación. Igualmente, los contratos carecían del cuadro de amortización en el momento de la contratación y del preceptivo informe de solvencia.
Las pesquisas se saldaron el pasado 17 de junio con la detención, en el aparcamiento de un domicilio no habitual de O Porriño, de un hombre de 45 años de edad, vecino de Logroño, administrador de la empresa y considerado ‘cabecilla’ del grupo.
En el momento de la detención de este hombre, que también tiene antecentes penales por los mismos delitos que se investigan en este procedimiento, se le intervino un vehículo de alta gama a nombre de la sociedad, 1.500 euros en efectivo, un ordenador portátil, un disco de memoria y diversa documentación.
La investigación está dirigida por el juzgado de instrucción 4 de Vigo, con la participación del Fiscal especializado en Consumo de la Fiscalía de Pontevedra.
