En la operación se han incautado de siete armas de fuego sin legalizar, 28 pistolas detonadoras transformadas para efectuar fuego real, 26 armas en proceso de transformación, 20 pistolas de descargas eléctricas, 1 silenciador, 2.100 cartuchos de diferentes calibres, 8 artefactos explosivos de fabricación casera, 139.950 euros en metálico, 1,5 kilogramos de cocaína y 7 kilos de hachís, 1 ballesta, 2 arcos, 30 flechas, entre otros efectos.
La operación se inició en 2016 a raíz de la operación ‘Bosphorus’ realizada a nivel europeo y coordinada por Europol, donde la Guardia Civil detuvo a 46 personas e intervenido 247 armas de fuego y más de 23.000 cartuchos metálicos de diferentes calibres. En la operación se desarticularon cuatro talleres clandestinos para la transformación de armas y fabricación ilegal de munición, así como dos puntos de venta de armas ilegales a través de Internet.
A raíz de dicha operación los investigadores de la Guardia Civil pudieron descubrir que una conocida activista de grupos antisistema gallega, que ya había sido condenada por el lanzamiento de varios artefactos incendiarios contra el centro financiero de Vigo, se estaba dedicando, a través de Internet, a la venta de armas detonadoras que ella misma transformaba para que pudieran efectuar fuego real, así como la munición con proyectil para ser disparada con dichas armas.
Para ello se valía de diferentes personas a las que utilizaba como testaferros para la realización de los envíos de las armas y la recepción de los pagos. Una vez localizado el lugar donde esta persona realizaba tales actividades ilegales, el día 24 de enero de 2017 se procedió en Vigo a la detención de esta persona, a la que se le intervinieron 8 pistolas que tenía listas para su venta, 3.000 € en metálico, así como más de 200 cartuchos metálicos de diferentes calibres y abundante documentación.
Fruto del análisis de dicha documentación intervenida se pudo identificar a numerosas personas que habían comprado armas a la trama desarticulada y que las poseían ilegalmente, tratándose en muchos casos de personas con numerosos antecedentes policiales lo que evidenciaba que las habían adquirido con fines ilícitos; motivo por el cual el día 14 de marzo, de forma coordinada se procedió a la explotación de la segunda fase de esta operación, con la detención de 16 de estos compradores, realizando 25 entradas y registros en sus domicilios en los que se intervinieron, entre otros efectos, 61 armas de fuego y más de 2.100 cartuchos metálicos de diferentes calibres.
En uno de los registros en la provincia de Bizkaia se desarticuló un importante punto de venta de estupefacientes, interviniendo 1,5 kilos de cocaína, 7 kilos de hachís, maquinaria para el envasado al vacío de los citados estupefacientes, basculas de precisión y otros útiles para su corte y distribución; a cuyo responsable igualmente se le intervino la pistola que había adquirido a la trama desarticulada.
En otro de los registros practicados en la Línea de la Concepción (Cádiz) se detuvo a otro de estos compradores de armas ilegales, que resultó ser una persona relacionada con el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, y en cuyo domicilio se le intervinieron más de 120.000 euros en metálico en metálico, así como varias armas de fuego y numerosas armas prohibidas (defensas eléctricas tipo tasser, puños americanos, etc.).
Según destaca la Guardia Civil, que uno de los detenidos, en la provincia de Ourense, se le intervino 8 artefactos explosivos caseros, un coctel molotov (artefacto incendiario) y sustancias precursoras para la fabricación de explosivos, cuyo destino está siendo investigado.
Las armas detonadoras transformadas para efectuar fuego real, y por tanto disparar munición con proyectil, tienen la misma letalidad y características que un arma de fuego original, por lo que están consideradas armas de fuego prohibidas, al ser el resultado de la modificación de sus características esenciales de fabricación, estando penado tanto su tenencia como su comercio.
Con la presente actuación se ha impedido que el elevado número de armas incautadas pudieran ser empleadas para la comisión de delitos, con las consecuencias imprevisibles y graves que ello puede traer consigo para la seguridad ciudadana; máxime cuando de la trama desarticulada formaban parte individuos peligrosos.
Las investigaciones han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo (Pontevedra) y la Fiscalía de Vigo, y en ellas han participado diferentes unidades del Servicio de Información de la Guardia Civil.
