Según informó este jueves la Comisaría de Vigo, la investigación se inicia en octubre del pasado año tras tener conocimiento de la existencia en Vigo de un grupo de ciudadanos guatemaltecos que, utilizando cartas de invitación, podría estar favoreciendo la inmigración irregular de compatriotas suyos.
Dicho entramado estaba formado por una cúpula directiva que constituía la cúspide de la pirámide y que estaba asentada en nuestra ciudad, además de una red de captadores en Guatemala, y diversos responsables locales en las principales ciudades españolas, según explica la Policía.
Para iniciar los trámites la organización les cobraba a las víctimas 3.000 euros por anticipado en su país de origen, además de anticiparles otros 600 euros en efectivo para no levantar sospechas al cruzar la frontera como turistas.
«Llama particularmente la atención que un responsable de la organización iba a recoger a estas personas al aeropuerto, y nada más cruzar la aduana les retiraba los 600€ que les habían facilitado, además de exigirles otros 1.300€ por la realización de la carta de invitación», explica la Comisaría.
En todo caso la deuda nunca era inferior a los 6.000 euros, llegando en muchos casos a superar los 8.000 ueros, para lo cual obligaban a las víctimas a emplearse ilegalmente en labores de servicio domestico y jardinería.
Además los encargados de la organización establecían un férreo control sobre esta gente, ya que les exigían hacerle entregas periódicas de dinero para saldar la deuda contraída con los traficantes.
Ciudadanos españoles y extranjeros colaboraban con la organización
Para facilitar la entrada en territorio Schengen de las víctimas, la organización criminal contaba con la colaboración interesada de ciudadanos españoles y otros ciudadanos extranjeros residentes legales en España, quienes tramitaban las cartas de invitación a favor de las víctimas.
Del mismo modo les aleccionaban en su país de origen sobre cómo debían de actuar y comportarse ante las preguntas que les pudieran formular en el puesto de control fronterizo.
Posteriormente venían a Vigo para inscribirse en el padrón de habitantes de esta ciudad utilizando los domicilios de los colaboradores, logrando con ello acceder a los servicios básicos como la sanidad pública y servicios sociales, así como permitir en un futuro la regularización de su situación administrativa.
Dicha actividad generaba unos altos beneficios para este tipo de organizaciones sin escrúpulos, que no dudaban en lucrarse incluso de sus propios familiares y vecinos, aprovechando para ello los lazos de amistad y parentesco.
Por todo ello se procedió a la detención de los responsables de la organización y se los trasladó a dependencias policiales para tomarles declaración.
El operativo fue llevado a cabo por el Grupo de UCRIF de la Brigada de Policía Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Vigo, pasando todo lo actuado a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de los de Vigo por ser quien conocía de la causa.
