La FeSMC-UGT Pontevedra ha informado este lunes de la denuncia interpuesta ante las fuerzas de seguridad contra el conductor de un vehículo acusado de atropellar a una vigilante de seguridad del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Según ha desvelado este lunes el sindicato, los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado sábado en la zona de Urgencias. Un vehículo aparcó en un lugar indebido para dejar a un paciente y la persona que iba al volante hizo “caso omiso” de las indicaciones del personal de seguridad para que lo moviera.
Según relata UGT, el hombre replicó a la vigilante “en actitud chulesca y prepotente”, alegando que “él aparcaba donde le salía de los huevos”. A continuación, “embistió” su vehículo contra la trabajadora, que estaba supervisando la zona de acceso de ambulancias de Urgencias. El impacto le provocó lesiones en una pierna, de las que le atendieron en el propio hospital.
Además, fue necesaria la presencia policial ya que dicho conductor se negó a identificarse ante el personal de seguridad del Álvaro Cunqueiro. Los agentes municipales levantaron atestado del accidente de tráfico y la víctima presentó una denuncia por agresión ante la Policía Nacional.
“Las agresiones al personal de seguridad están siendo una constante en su quehacer diario. Por desgracia, la administración, con su dejadez, es cómplice de estas situaciones sobrevenidas que sufren el personal de seguridad en el desempeño de sus funciones. Desde la FeSMC-UGT Pontevedra exigimos de la administración que, de forma urgente, proporcione la debida protección jurídica a los y las vigilantes de seguridad. No se puede entender que se dé protección jurídica como autoridad pública a los profesores y personal sanitario y en cambio, se deje sin esta protección al colectivo que precisamente tiene que velar porque no sufran una agresión. ¿Hasta cuándo va seguir mirando la administración para otro lado?”, expone UGT.
El sindicato considera que el Estado debe ejercer como “garante de proporcionar un ambiente seguro a la sociedad”, por lo que debe “tomar las medidas oportunas para proteger a los colectivos, públicos y privados, que tienen encomendada la labor de velar por el cumplimiento de este derecho constitucional”.
