Ninguna de las cinco personas acusadas de trata de mujeres para explotación sexual entrará en prisión tras la celebración del juicio este viernes en la sala quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.
Los tres hombres y las dos mujeres que habían sido imputados han alcanzado acuerdos de conformidad por los que dos de los hombres acusados y una de las mujeres han sido condenados a dos años de cárcel, penas suspendidas con la condición de que no delincan durante cinco años. Mientras, los otros dos acusados (un hombre y una mujer) deberán pagar sendas multas de 180 y 240 euros, respectivamente. En todos los casos concurre la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Los tres condenados a dos años de prisión, que no cumplirán, lo son por el delito de inmigración clandestina realizado con ánimo de lucro en concurso ideal-medial con un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y servidumbre perpetrado con abuso de vulnerabilidad e intimidación, tres delitos que se penan de forma conjunta.
A los dos acusados a los que se impone multa se les condena como autor y cómplice del mismo delito de inmigración clandestina con ánimo de lucro, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, puesto que los hechos que se juzgaron hoy en Vigo, con cuatro de los acusados compareciendo por videoconferencia, tuvieron lugar hace nueve años.
Los hechos juzgados, para los que la Fiscalía pedía penas de entre 15 meses y cuatro años y nueve meses de cárcel, se remontan al año 2012, cuando la Policía Nacional inició una investigación tras identificar a mujeres nigerianas en la zona de O Berbés que presentaban indicios de ser víctimas potenciales de trata de seres humanos.
La investigación permitió comprobar que dos de los acusados, una pareja, acordaron con otro de ellos, que estaba en Nigeria, un pago de 6.000 euros a cambio de traer a España a una mujer del país africano a la que se le habían practicado ritos del vudú para asegurarse de que, una vez en España, se prestaría a practicar la prostitución hasta pagar una deuda de “elevada cuantía”, según el escrito de la Fiscalía.
La mujer tendría que haber llegado a España en 2013, pero como eso no sucedió, la pareja rompió el trato con su intermediario y buscó otro para que trajese a la mujer, la cual llegó a Barcelona pero nunca llegó a ejercer la prostitución gracias a la intervención de la Brigada Central de Extranjería al día siguiente de su llegada.
Meses después, otra de las condenadas ofreció viajar a España a una segunda mujer nigeriana para practicar la prostitución hasta que pagase una deuda de 5.000 euros. También ella pasó por el rito vudú como garantía de que el miedo a las consecuencias de romper el pacto la obligarían a continuar prostituyéndose para pagar la deuda. Esta mujer llegó a Lisboa pero tampoco llegó a ejercer la prostitución en España al ser detectada por la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional.
