El juzgado de instrucción número 4 de Vigo ha dictado auto por el que declara concluso sin procesamiento alguno el sumario del crimen del garaje de Rosalía de Castro (donde un empresario de la ciudad, Manuel Salgado, apareció muerto de un disparo en abril de 2004), al no hallarse indicios objetivos sobre la autoría de ese crimen y tras una investigación policial que, en su momento, fue “deficiente, incompleta y carente de criterio lógico”.
En su escrito, el juez apunta que el procedimiento, que había sido archivado, se reabrió en noviembre de 2021 porque, “tras un análisis somero de la instrucción, se constataban numerosas dudas e incongruencias que necesitaban una respuesta lógica”. En esta causa estaban como investigados la exmujer de la víctima. Marisol P.E., y su pareja sentimental en ese momento, Jaime G.S.
Entre las cuestiones que habían quedado sin aclarar, el magistrado señala que, una semana antes del homicidio, un vecino encontró un cartucho de las mismas características del disparado con el arma de crimen, lo que hace surgir dudas sobre si la muerte por encargada a un ‘profesional’. “Semejante descuido de dejar un cartucho percutido y usar luego para el cometer el crimen la misma arma y la misma munición no parece acomodarse al perfil de un sicario profesional, y parece más propio de un aficionado o persona no preparada que estuvo valorando como actuar”, explica en el auto.
También se refiere al hecho de que, la posición del cadáver, llevó a pensar que la víctima conocía al agresor, porque no hizo ademán de huir, sino de meterse en el coche “para esquivar un enfrentamiento verbal”. Por tanto, todos los indicios apuntan a que el autor se vincula con personas cercanas al ámbito familiar de Salgado, teniendo en cuenta que en esos momentos sus relaciones familiares eran “turbulentas”, tras una separación traumática y enfrentamientos por motivos económicos, que incluso llevaron al hombre a confesar a sus allegados que se sentía vigilado “y temía por su vida”.
Igualmente, califica como “curioso” que el hijo de Manuel y de su exmujer, que estuvo investigada en la causa, hubiera sido abogado defensor del otro investigado; que una empleada de hogar hubiese mentido acerca de las personas que estaban en el domicilio de la exmujer esa noche; o una llamada telefónica sospechosa de la investigada minutos antes del crimen. “Nadie tuvo la iniciativa de investigar estos hechos, y resulta que a esta altura es imposible averiguar algún dato al respecto”, señala el juez.
En su auto, se refiere, por otra parte, a la declaración de varios testigos que vieron una furgoneta en actitud vigilante cerca del garaje donde se cometió el homicidio en los días anteriores, un vehículo alquilado por una persona relacionada con los investigados, y con presuntos vínculos con el narcotráfico. “Pero de las diligencias practicadas al respeto, nada se ha aclarado, dada la poca memoria de los testigos llamados”, recalca.
Cartuchos
El juez de instrucción también destaca que cinco años antes del crimen, un sobrino de un detective privado (testigo en este procedimiento y que fue condenado anteriormente junto a la exmujer de la víctima por unas escuchas ilegales) había comprado una partida de 200 cartuchos como el usado en el crimen, y “no se descarta que parte de esos cartuchos pudiesen haber sido desviados al autor de los hechos”.
“Tampoco fue objeto de investigación la íntima relación” de la exmujer de Salgado con agentes de la Guardia Civil, “especialmente de la Intervención de Armas”, uno de cuyos responsables apareció en comisaría el día que la mujer estaba declarando para “dar razón de un arma a nombre de ella y que tendría él depositada”. Se trata de un funcionario que, “al parecer” estaba siendo investigado por asuntos internos “por desvíos o actuaciones irregulares relacionadas con las armas depositadas en intervención”.
Investigación “muy deficiente”
En este escenario, “la eventualidad de hacer ahora esta investigación ha devenido infructuosa”. “En fin, la investigación policial fue en su momento especialmente deficiente, incompleta y carente de un criterio lógico, quizás por haber desplazado de la misma a algunos de los funcionarios más competentes adscritos a la Comisaría local, para ser sustituidos por otros procedentes de unidades centrales con total desconocimiento de la zona, con lo que se privó de mucha información policial, dejando muchos cabos sueltos que el paso del tiempo ha impedido solventar, pues los nuevos testigos llamados ofrecen versiones que en nada ayudan a resolver tales incertidumbres”, ha expuesto el juez en su auto.
Finalmente, aunque señala que “la hipótesis policial sigue considerando que los autores del homicidio se encuentran, directa o indirectamente, en el círculo familiar más próximo” a la víctima, las actuaciones llevadas a cabo no han permitido obtener datos objetivos sobre la autoría de los hechos, sino que se mantienen meras “sospechas, hipótesis y conjeturas”.
