A pesar de que defendía la autonomía de la administración local y que la Cámara gallega no era competente para inmiscuirse en asuntos de ámbito municipal, el regidor vigués tendrá que acudir este martes por la mañana a Santiago para exponer su versión de los hechos y someterse a las preguntas de los parlamentarios.
El gabinete de comunicación de la Alcaldía de Vigo ha confirmado a última hora de la tarde de este lunes la agenda prevista para el 19 de febrero, día para el que se había fijado su comparecencia, que se producirá a las 12.30 horas.
El alcalde había solicitado al Consejo de Estado que se pronunciase al respecto de su obligación de asistir o no a la comisión. Por un lado, el Código Penal, en su artículo 502.1 recoge que la incomparecencia será considerada un delito de desobediencia y supondrá una suspensión de empleo entre seis y 24 meses. Por otro, el Concello de Vigo aseguraba que este procedimiento estaba vulnerando su autonomía institucional, un derecho recogido por la Constitución Española.
Con todo, el dictamen del Consejo de Estado no ha llegado a tiempo y el Parlamento de Galicia se ha negado a suspender cautelarmente la citación.
Además de Caballero, ha sido llamado a declarar este martes (10.30 horas) el concejal de Seguridad, Carlos López Font, que también se había negado a confirmar su comparecencia ante la comisión.
