El juicio por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína transportadas en el buque MV Karar en plena pandemia de Covid (abril de 2020) ha arrancado este miércoles en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, con una sesión en la que las partes han iniciado el trámite de cuestiones previas, y en la que varias defensas han puesto en duda la investigación policial y la validez de algunas diligencias, alegando que se vulneraron derechos fundamentales de los implicados.
Tras dos aplazamientos, en esta jornada se han sentado en el banquillo los 28 acusados en la causa (había otra persona acusada pero falleció antes del juicio), entre quienes figura Juan Carlos Santórum, considerado por los investigadores el cabecilla del grupo. También están acusados los tripulantes del MV Karar y otras 12 personas arrestadas en tierra, entre ellos un ciudadano colombiano, un funcionario de Vigilancia Aduanera y la mujer de éste.
En la primera sesión del juicio varios abogados de la defensa solicitaron la suspensión para que la sala se pronunciase sobre la competencia para enjuiciar estos hechos, alegando que debía hacerlo la Audiencia Nacional, pero el tribunal ha denegado la petición.
La defensa de Santórum (y de otros 6 encausados), en una extensa exposición de cuestiones previas, ha puesto en duda la validez de la investigación policial, al considerar que se llevaron a cabo actuaciones prospectivas, basadas en indicios débiles y, además de impugnar numerosos autos e informes, ha pedido la nulidad de las actuaciones debido a la vulneración de derechos fundamentales de sus patrocinados.
Al respecto, ha subrayado que las geolocalizaciones de vehículos, las intervenciones telefónicas y las vigilancias se hicieron en base a informes policiales que recogían «afirmaciones arbitrarias y falsas», cuando no «tonterías«. Asimismo, esta abogada ha pedido que sus defendidos puedan declarar al finalizar la práctica de la prueba en el juicio.
En la misma línea, la letrada del acusado de nacionalidad colombiana, además de cuestionar la competencia de la sala para juzgar estos hechos, ha alegado que se han vulnerado derechos fundamentales de su defendido, y que en el procedimiento esa defensa se vio privada de su derecho a la práctica de prueba, que el contenido de las escuchas y geolocalizaciones le llegó cuando había acabado el plazo de instrucción (y no pudo pedir diligencias al respecto) o que parte de la documentación que obra en la causa está en gallego, que ni ella ni su patrocinado comprenden.
«Preocupación» por la declaración de un policía investigado
Por otra parte, varias de las defensas han expresado también ante el tribunal su «preocupación» por el hecho de que uno de los principales testigos de cargo sea un exjefe policial del Greco, actualmente investigado por su presunta vinculación con organizaciones de narcotráfico.
Los abogados han apuntado que todas las actuaciones policiales pasaban por este funcionario y alguno ha señalado que, «respetando la presunción de inocencia», al policía (detenido en Vigo el pasado 23 de marzo por orden de un juzgado de Murcia, y puesto luego en libertad como investigado) «parece que se le investiga por más delitos que a las personas que están en esta causa», y que él ayudó a detener.
«Ese agente es un testigo fundamental», ha subrayado una letrada, que ha pedido «abrir una investigación y no cerrar los ojos» a estos hechos, por lo que ha pedido la nulidad de las actuaciones para que se puedan practicar todas las diligencias necesarias.
Delitos y penas
La Fiscalía atribuye a los encausados la preparación, coordinación y transporte de la droga, que fue intervenida en un abordaje en altamar. Las fuerzas de seguridad detuvieron en abril de 2020 a los 15 tripulantes del MV Karar, uno de ellos gallego y el resto de Nepal y Bangladesh; y posteriormente a otras trece personas en tierra, entre quienes estaban un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera y su mujer.
El considerado cabecilla de la organización, Santórum, se dio a la fuga, pero se entregó meses después para cumplir una pena de algo más de dos años de cárcel en una causa por revelación de secretos (filtración de información por parte de dos agentes de la Guardia Civil).
El ministerio público atribuye a todos los acusados un delito contra la salud pública en la modalidad de drogas que causan grave daño a la salud, con el subtipo agravado por el uso de embarcaciones y por tratarse de una red con contactos internacionales; y un delito de integración en organización criminal. A mayores, al matrimonio acusado les imputa también un delito de blanqueo de capitales, y a un procesado al que le intervinieron una pistola, lo acusa también de tenencia ilícita de armas.
Para el cabecilla de la organización, pide la pena de 18 años y medio de prisión, así como una multa de 438 millones de euros; mientras que, para el resto, solicita 13 años y medio de cárcel (dos años más para el investigado por tenencia de armas) y dos multas de 400 millones de euros.
En el caso del funcionario de Aduanas, la solicitud de pena se incrementa en otros 6 años por el blanqueo y dos penas de inhabilitación total por un período de 20 años; para su mujer, la Fiscalía también pide la pena de cárcel por blanqueo, de manera que ambos se enfrentan a un total de 19 años y medio de prisión.
Se da la circunstancia de que el próximo 25 de abril se cumplirán cuatro años desde que ingresaron en la cárcel por esta causa los tripulantes del buque, y la ley no permite superar ese plazo de prisión preventiva, por lo que, todo parece indicar que saldrán en libertad antes de que haya una sentencia por estos hechos.
