El periodo de la Restauración monárquica de 1875 estaba dando los últimos coletazos de vida entre continuas e incesantes muestras de arbitrariedad política, la cual estaba marcada por el predominio del caciquismo sustentado en el principio de alternancia política aprobada en la Constitución de 1878. Como era de esperar, y desde 1881, el distrito de Vigo estaba acaparado por la candidatura de Ángel Urzaiz y Cuesta pero esto cambió en 1923, cuando el antiguo candidato liberal fue nombrado definitivamente como senador vitalicio dejando libre el escaño en las Cortes por el distrito de la ciudad.
Durante las primeras décadas del siglo XX, la influencia del resto de partidos políticos, tanto conservadores como republicanos, tan solo había menguado. Ni unos ni otros podían hacer nada para evitar que los amigos de Urzaiz se enfeudasen a la cabeza de las instituciones públicas del municipio. Sin embargo, hubo un pequeño grupo político adscrito a los conservadores que adoptó como centro de su programa electoral la ardua tarea de depurar la ciudad de cualquier atisbo de presencia caciquil. El grupo era el de los mauristas locales, quienes estaban adscritos a la corriente ideológica de Antonio Maura que, entre otras cosas, aspiraba a renovar el espectro político del sistema restauracionista acabando con el entramado caciquil que desvirtuaba el mandato democrático.
Sea como fuere, en Vigo los mauristas se organizaron bajo la figura del abogado Adolfo Gregorio Espino como una escisión del grupo conservador, el mismo partido que había liderado fructuosamente Elduayen unas décadas atrás. Una parte del grupo conservador se mantuvo adscrito al partido mayoritario, pero los más jóvenes, aquellos que habían entrado en política ya en tiempos de los borbones, se adhirieron rápidamente a la pequeña escisión maurista. La política del nuevo grupo era sencilla: echar del municipio a todos los amigos de Ángel Urzaiz que tantas penurias estaban trayendo a la ciudad. Y es que desde que Urzaiz empezó a poner a sus amigos al frente de las instituciones locales, la ciudad estaba sumida en un profundo inmobilismo político que acabó repercutiendo negativamente en el ejercicio de diferentes derechos básicos propios del régimen liberal. El gobierno de Ricardo Senra, alcalde de la ciudad en 1922, había prohibido la celebración de mítines políticos, había cancelado periódicos contrarios al urzaísmo e incluso había encarcelado a personas públicamente contrarias a su gestión municipal.
Ante el despropósito del Ayuntamiento, Gregorio Espino consiguió aunar los intereses del resto de pequeños partidos políticos e importantes empresarios en una organización común: La Liga de los Defensores de Vigo. El líder del grupo no fue el abogado vigués, este sería el famoso arquitecto local Manuel Gómez Román, quien compartía militancia con algunos de los más destacados referentes locales de todas las ideologías políticas de la urbe: el progresista José Ramón Curbera, los republicanos Amado Garra y Martín Echegaray, o el presidente de la Cámara de Comercio, Bernardo Bernárdez.
Amado Garra, que en la segunda década del siglo XX ya llevaba muchos años siendo uno de los referentes del republicanismo gallego, decidió retirarse de la política activa por mor de un desencuentro político en Ponteareas. La conmoción del anuncio fue tal que la Liga, encabezada por Manuel Román, decidió hacerle una fiesta en su honor para hacerle cambiar de opinión. El homenaje, que tuvo lugar en el hotel El Moderno, fue un rotundo éxito, donde se reunió lo más brillante de toda la comarca. Amado Garra acabó cambiando de opinión y en su discurso de agradecimiento propuso, delante del jubiloso público, que Adolfo Gregorio Espino se presentase como miembro de la Liga al puesto de diputado en las Cortes, puesto que había dejado vació Ángel Urzáiz al haber sido nombrado senador.
Las elecciones se llevaron a cabo en mayo de 1923 y se enfrentaron en las urnas el candidato liguista, Adolfo Gregorio Espino, y el candidato oficialista, el ministro de Obras Públicas Rafael Gasset Chinchilla. La jornada electoral fue tensa e incluso se llegó a decir que los oficialistas llegaron a amenazar al candidato opositor con hacerle saltar la tapa de los sesos. Las autoridades institucionales prohibieron los mítines al aire libre; amenazaron con cerrar definitivamente el negocio a los teatros que cediesen sus locales para la celebración de los mítines de la Liga; usando el nombre de la Tabacalera, se pretendió sustituir a los estanqueros que no se presentaran a votar al cacique; a los deudores de la Caja de Ahorros del Ayuntamiento se les amenazó con exigirles el pago inmediato de sus deudas si no votaban al candidato oficial; el gobernador de la provincia ofició a los periódicos que patrocinaría la candidatura de Gasset; se prometieron aumentos de sueldos y destituciones a los empleados; se le negaba en el Ayuntamiento los medicamentos a los pobres cuyos miembros de la familia no comprometían su voto al cacique; se multó con 100 duros a los comerciantes que no otorgaban su aquiesciencia para que su personal fuera obligado a votar a Gasset; se escribieron hojas falsificando firmas de obreros, aconsejando la abstención y otras cosas desafectas a la candidatura de la Liga; se prohibió la colocación de carteles anunciadores de la candidatura de Espino; se prohibió la exhibición de brazaletes que anunciaban la misma candidatura de la Liga; se procedió por medio de los guardias municipales, a la provocación y al insulto del candidato con la detención de los más destacados propagandistas liguistas así como también fue hecho preso a la víspera de la elección el apoderado de Gregorio Espino; y muchas arducias más. Por si quedaba un mínimo de duda respecto del ganador de la elección, los partidarios del cacique amañaron el padrón municipal para restar 500 electores a las cifras oficiales.
Consecuentemente, Gasset se hizo con el escaño en las Cortes. Sin embargo, unos meses después de las elecciones, Primo de Rivera se hizo con el poder del Gobierno y, mediante el gobernador de la provincia, destituyó a la corporación municipal viguesa en favor de un gobierno provisional formado en su mayoría por los candidatos de la Liga. A finales de año, Adolfo Gregorio Espino fue nombrado alcalde de la ciudad, alcaldía a la que le debemos que la familia Quiñones de León donara para el disfrute de la ciudad el parque de Castrelos.
