La isla de Toralla perteneció a la Iglesia, concretamente al Obispado de Tui hasta el año 1837, cuando Juan Álvarez Mendizábal, ministro de Hacienda de la época, promulgó la expropiación de los bienes de la Iglesia, la mayoría adquiridos mediante donaciones o por la inexistencia de herederos, unos bienes que se denominaban “manos muertas” por su falta de productividad.
Para entender la desamortización de Mendizábal es preciso recordar que el rey Fernando VII, hermano de Carlos María Isidro de Borbón y Borbón-Parma, era el rey porque era el primogénito y varón, y la Ley Sálica era la que establecía ese privilegio. Sin embargo, como Fernando VII tenía una hija, Isabel, decidió derogar esa ley para que las hijas también pudieran reinar si no existía un heredero varón. El hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro de Borbón y Borbón-Parma, conocido como Don Carlos, al ver que se le quitaban los derechos dinásticos, para reclamarlos inició una guerra conocida como “guerra carlista”, enfrentándose a los defensores de Isabel, que heredaba el título. Isabel pasó a ser Isabel II, y como era menor de edad hubo que nombrar una reina regente, su madre, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias.
Como quiera que las guerras son muy costosas y la guerra carlista no iba a ser una excepción, el 29 de julio de 1837, Mendizábal, que era el ministro de Hacienda, puso en marcha la desamortización que le hizo pasar a la historia, quitándole los bienes a la Iglesia. Luego, mediante subasta pública, se consiguió transformar todo aquello en dinero.
Así fue como la isla de Toralla pasó a manos de Francisco Javier Martínez Enríquez mediante subasta pública y, más tarde, en 1895, pasó a manos de Enrique Lameiro Sarachaga. En 1910 volvió a cambiar de titularidad y pasó a ser propiedad de Martín de Echegaray, que más tarde la vende a José Manuel Kowalski Fernández y su esposa. Esta secuencia histórica de propietarios únicos de la isla toca a su fin en el año 1965, cuando se constituye la sociedad Toralla S.A., que es la que construye el puente y la que urbaniza la isla con la construcción de una torre de 136 viviendas, que es un proyecto del arquitecto Bar Boo, y la que hace la división del resto del terreno con 34 parcelas donde se construyen los chalets que ocupan la isla, además de zonas ajardinadas.
En un principio el puente era de uso exclusivo para los inquilinos de la torre y los chalets, pero las constantes reivindicaciones y manifestaciones públicas, con el concejal Nieto Figueroa (“Leri”) al frente, consiguieron que el puente fuera de uso público, con acceso a las playas. Más tarde, seguramente con objeto de clarificar la imagen de reducto privado, con el impedimento de acceso a la costa en otras localizaciones de la isla, se permitió la construcción de unas instalaciones de la Universidad de Vigo y de Salvamento Marítimo.
En la actualidad, la isla de Toralla es una localización de gran lujo, tanto en los chalets, que son muy exclusivos y limitados, y cuyos precios son desorbitados puesto que cada propietario tiene derecho a pedir lo que estime oportuno, como también las viviendas de la torre, cuyas vistas son tan impresionantes que sería un auténtico crimen poner cortinas en las ventanas, y cuyos precios van en consonancia con su singularidad. Así las cosas, en la isla de Toralla viven personas de cartera abultada, muchos profesiones liberales, e incluso algunos políticos de distintos colores. Suerte que tienen todos ellos de disfrutar de ese paraíso. Su desgracia es que ahora existe un puente de acceso público y ya no están tan aislados.
