El juez advierte en el auto de que, a pesar de esta decisión, durante la instrucción ha quedado de manifiesto que “el cúmulo de irregularidades en la gestión de las distintas actividades portuarias era notoria y patente, sobre todo por los jefes de la policía portuaria”.
A raíz de la investigación, según el magistrado, “muchos de aquellos comportamientos irregulares que desde antaño se venían asumiendo como normales han dejado de producirse, lo que sin duda beneficia al conjunto de la sociedad y a los propios usuarios de las instalaciones”.
El Juzgado investigaba la presunta comisión de delitos de cohecho y revelación de secretos. El juez señala en el auto que en lo referente a los avisos de inspecciones, si bien las conversaciones telefónicas han puesto “de evidencia esas prácticas”, tales hechos “no pueden integrar el tipo penal, pues en el momento que la inspección entra en dependencias del puerto ya deja de ser secreta”.
Sobre los delitos de cohecho, el magistrado indica que no se ha podido constatar que por esos avisos “se recibiera o pidiera alguna dádiva”. Contra la resolución cabe interponer recurso de apelación.