La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha reclamado a Europa una moratoria de dos meses para la entrada en vigor del reglamento que prohíbe pescar a flota de fondo en 87 zonas de aguas entre Irlanda y el golfo de Cádiz, decisión que ha tildado de “cafrada”.
“Retrasar dos meses la medida no provocaría daños irreversibles en los hábitats, pero sí los evitaría en la flota”, ha advertido, en una comparecencia en el pleno del Parlamento a petición propia y por solicitud del BNG.
El veto, cuya aplicación comienza el 9 de octubre, supone un “golpe mortal” al sector pues, según datos trasladados por la conselleira a la Cámara, tendría un impacto por persona de unos 24.000 euros anuales, más de 347,5 millones de euros para la flota afectada y unos 816 millones para el conjunto de la economía gallega.
Puede “llegar a afectar” a más de 4.400 tripulantes, de acuerdo con sus cálculos, en torno al 40% del total de la comunidad y repercute de forma “directa” en la actividad de más de 200 barcos de capital gallego y a otros 900 de manera indirecta, “con su consecuente impacto en las ventas en lonja, en los salarios de las tripulaciones y en la prestación de bienes y servicios”, entre otros aspectos.
Por eso, en una intervención que ha terminado emocionada, Quintana ha llamado a la unidad de los grupos para “frenar esta cafrada” con “consecuencias incluso letales” para el sector.
El reglamento entrará en vigor en 11 días y la titular de Mar ha recordado cómo “se conoció” el día 15 “por sorpresa y sin anuncio previo”, sin “mejora alguna” con respecto a lo planteado inicialmente, por lo que la Xunta considera su aprobación “un acto de mala fe”.
Ahora, el Gobierno gallego apuesta por “buscar argumentos sólidos” junto al sector para armar un recurso que entiende que debe presentar el Ejecutivo central, como actor privilegiado por ser país miembro. “Esa es la vía, la de la rigurosidad, la que debemos seguir”, ha apostillado.
En cualquier caso, en su “defensa ante este atropello”, ha anunciado que si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no lo interpone finalmente -asegura estar estudiándolo-, lo hará la Xunta, “aunque tenga pocos visos de prosperar”.
A mayores, ha apelado a que haya “una posible revisión antes de su entrada en vigor”, que “podría dar lugar a una moratoria en su vigencia y abriría la puerta a una aportación de datos y revisión del fundamento”, toda vez que en noviembre estará listo un nuevo informe sobre el estado de los recursos.
Así, ha apuntado a una ronda de contactos y ha esperado poder tener una reunión con el comisario y la directora general de pesca de la Unión Europea “porque su nula escucha no puede durar para siempre”.
“Debe quedar claro que el sector pesquero no está en contra de que existan zonas protegidas, sino que lo que quiere es que se establezcan de forma dialogada, equilibrada y sostenida en la ciencia”, ha argumentado.
“Muchas y evidentes carencias”
En su discurso, la titular de Mar ha denunciado las “muchas y evidentes carencias” del reglamento, entre las que ha citado que hubo “extralimitaciones” tanto en especies como en profundidades que abarca el veto.
Ha criticado, asimismo, que “adolece de rigurosidad por contar con estudios parciales y desactualizados, sin incluir artes como palangre y volanta que ahora se ven afectados”.
Tampoco dispuso, según la Xunta, “de las necesarias consultas oficiales, sino de contactos informales y parciales” y puede provocar, de hecho, según ha apuntado Quintana, “efectos perniciosos” para la flora y fauna que busca proteger.
“Parece basarse sobre una supuesta lucha contra el cambio climático. No sabemos qué solución aporta a la lucha contra el cambio climático”, ha hecho hincapié, para censurar el “sinsentido” de que la norma saliese adelante con la “inexistencia de análisis social o económico”. “No consta o no fue enseñado después de múltiples peticiones. El golpe en este ámbito puede ser irreversible”, ha resuelto.
Que la Xunta interponga recurso
Tanto el BNG como el PSdeG han coincidido en solicitar que sea la Xunta la que interponga recurso contra el reglamento que prohíbe faenar a la flota de fondo en 87 zonas.
Además, las portavoces de los grupos de la oposición, Rosana Pérez y Patricia Otero, respectivamente, han recriminado a la conselleira “el tono” de la diputada del PPdeG, Teresa Egerique, durante el debate sobre este asunto el martes, también en el pleno.
“Pedimos a la Xunta que sea proactiva e interponga ese recurso letal para nuestra flota”, ha remarcado la socialista, mientras la nacionalista se ha preguntado “qué impide que el Gobierno gallego presente recurso”. “Preséntelo ya, por si acaso otros no lo presentan”, ha remarcado la diputada del Bloque, que quiere que la Xunta “lidere” en esta lucha.
En la réplica, la conselleira do Mar ha apuntado que “hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que las regiones no están legitimadas para presentar el recurso” y que “los únicos apoyados para presentarlo son los estados miembro”.
“Por eso decimos que el estado presente el recurso. Todas las comunidades apoyaremos al estado y aportaremos los argumentos”, ha expuesto, antes de agregar que, en todo caso, “si hay que tomar una decisión política aun sabiendo que no tendrá visos de prosperar”, la Xunta lo presentará.
Tres millones de firmas
Frente a esto, la dirigente autonómica ha dicho que “hay que defender a los sectores primarios”, ya que “si hay alguien preocupado por el medio ambiente esos son los agricultores y los pescadores”.
Por último, ha apostado por “darle 3 millones de firmas” al comisario con el manifiesto que lanzó a principios de julio la Xunta junto al sector, para “que le digan que no es preciso hacer este reglamento”. Para ello, la consellería ha enviado cartas a ayuntamientos de la costa y también pondrá una mesa en Conxemar porque “lo pidió el sector”.
