La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha afirmado que el Gobierno central estudia “y con alta probabilidad” presentará recurso contra el veto a la flota de fondo en 87 zonas de aguas entre Irlanda y el Golfo de Cádiz.
Lo que descarta es que el Gobierno central pida una moratoria de dos meses para la entrada en vigor de la prohibición, tal y como solicitó este miércoles la Xunta, puesto que “no es factible, no está contemplada” y “cabe plantearla pero la Comisión la va a desoír”, según ha señalado en una entrevista en la Radio Galega que recoge Europa Press.
Además, Villauriz no contempla amarres de flota “en lo inmediato”, puesto que el impacto a partir del día 10 de octubre -la norma entrará en vigor el 9- “va a ser reducido”.
“No todos los barcos de pesca que se pueden ver afectados están pescando dentro de los polígonos, ni siquiera próximos a él. Están moviéndose, dependiendo de la estación, entre unas zonas y otras. Inmediatamente va a haber impacto pero va a ser reducido. Tenemos ese tiempo para poder esperar al nuevo dictamen del ICES que tenga en cuenta la información más reciente y pueda corregir el acto de ejecución. Tenemos que ser cautos”, ha aseverado.
En este sentido, ha apuntado que “hay alternativas” y “capacidad de movimiento”, si bien “tienen que tomarse decisiones para salir de las zonas concretas”. “Pero no va a haber inmediatamente ninguna necesidad de que los barcos se amarren”, ha incidido.
Feijóo en Vigo
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves al Gobierno que recurra ante Bruselas ese veto. Así lo ha señalado el líder del PP en Vigo tras reunirse con representantes de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), donde ha criticado esta medida por ser, a su juicio, “equivocada, precipitada y fuera de contexto”.
En este sentido, ha cargado contra el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, por tomar una decisión “irresponsable” que aumentará el precio del pescado en un momento en el que Europa vive una “tensión inflacionista”.
Además, Feijóo ha asegurado que este veto supondrá el amarre de “muchísimos barcos”, ya que unos 1.100 buques se verán afectados, al igual que más de 4.000 tripulantes, por culpa de una normativa “precipitada, no consensuada y no sólida desde el punto de vista científico”.
El presidente del PP ha insistido en que este nuevo reglamento es “injusto” y “poco transparente” ya que impedirá la pesca en hasta 87 caladeros del Atlántico, afectando así a la “soberanía alimentaria de Europa”, lo que obligará a importar pescado desde otros continentes donde no se aplican estas normas.
También ha lamentado la afectación económica y social que tiene “este conflicto gratuito” creado por las administraciones en un momento de “inflación y de crisis” en Europa y en el que el sector pesquero viene de vivir una pandemia y un aumento de los precios del combustible.
Por todo ello, ha pedido al Ejecutivo que recurra esta decisión de Bruselas y que pida las medidas cautelares necesarias para que no entre en vigor hasta que se resuelva el recurso. Sin embargo, ha recordado las declaraciones del comisario de pesca, que aseguró que el Gobierno español mandó sus alegaciones al reglamento fuera de plazo, por lo que no se tuvieron en cuenta.
“Si esto es así, es de una gravedad inaudita. Siendo el país más afectado, que se presenten las alegaciones tarde es especialmente grave”, ha apostillado Núñez Feijóo ante la prensa este jueves en Vigo.
Cepesca
Por su parte, el secretario general de Cepesca, Javier Garat, ha agradecido a Alberto Núñez Feijóo haberse reunido con la organización ya que, como ha dicho, es la primera vez desde 2007 que el presidente del partido líder de la oposición tiene un encuentro con ellos.
Garat ha trasladado los problemas que en la actualidad tiene el sector, centrando precisamente su discurso en el nuevo reglamento que veta la pesca de fondo, transmitiendo el “cabreo” por las “políticas verdes” de la Unión Europea, que tienen unas consecuencias “muy graves” para el sector pesquero.
“Se está primando claramente la política medioambiental, que es muy importante, frente a la política social y económica. Y eso es algo muy grave. Tanto en los tratados de la UE como en la Política Pesquera Común se deben poner en igualdad de condiciones”, ha recordado.
Sobre el cierre de las 87 zonas de pesca, ha destacado el “impacto brutal” que tendrá para España, además de para otros países como Irlanda, Portugal o Francia, y se ha quejado por la falta de consenso y de consultas.
“A partir del 9 de octubre dejará a un montón de barcos fuera de combate, de su actividad habitual. No solo de Galicia, sino de Andalucía y Cantábrico Noroeste”, ha añadido.
