Este domingo 9 de octubre entra en vigor el reglamento europeo que veta la pesca de fondo en 87 caladeros del Océano Atlántico pese a las «dudas» del sector por cómo finalmente se aplicará esta normativa, debido a los vaivenes vividos en la última semana.
Precisamente este jueves, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció en Vigo que finalmente quedarían fuera del veto 41 de las 87 áreas afectadas. Horas más tarde, Bruselas corrigió al titular de Pesca y precisó que lo que queda exento de la prohibición son las zonas con menos de 400 metros de profundidad de esas áreas, no el caladero en su conjunto.
Por todo ello, el sector pesquero gallego ha mostrado sus «dudas» sobre cómo se aplicará esta medida impuesta por Europa. Y es que pese a ser una «buena noticia» que sí se pueda pescar en aquellas zonas donde la profundidad es menor, a horas de que entre en vigor el reglamento todavía no tiene claro cómo se aplicará.
«Este cambio demuestra que la norma es una chapuza. Tres días antes de que entre en vigor se dicen estas cosas», lamentó el presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo, Iván López, quien subraya que en muchos caladeros hay zonas con profundidades de entre 0 y 400 metros y otras de 400 a 800 metros, lo cual explica la «complejidad» de saber cómo procederán en esos casos las autoridades de inspección.
Pese a ello, preguntado sobre cómo actuará la flota española a partir del próximo lunes, López apostilló que seguirá trabajando «donde les dejen», ya que es un sector «resiliente» que pretende «estar a la altura» de las necesidades de los consumidores para ofrecer pescado en época navideña.
En la misma línea habló el presidente de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI), Javier Touza, y el gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Burela (Lugo), Sergio López, quienes coincidieron en continuar por la vía diplomática y judicial para solicitar la eliminación de esta norma.
Impacto de más de 800 millones
En total, el reglamento afectará a unos 4.400 tripulantes gallegos y tendrá un impacto global en la economía de la comunidad de unos 816 millones de euros, según los cálculos de la Xunta a partir de las tablas ‘Input-Output’ de la pesca-conserva gallegas 2019.
Este estudio, realizado bajo encargo del Gobierno gallego por el equipo dirigido por los economistas Gonzalo Rodríguez y María do Carme García Negro, del grupo de investigación en Economía Pesquera y Recursos Naturales Ecopesca de la Universidade de Santiago de Compostela, estima que la medida tendrá un impacto por persona de unos 24.000 euros anuales, más de 347,5 millones de euros para la flota afectada y unos 816 millones para el conjunto de la economía gallega.
Desde su aprobación y la publicación del reglamento, «por sorpresa» y a «mala fe», según el Ejecutivo autonómico, la titular de Mar, Rosa Quintana, y el propio presidente gallego, Alfonso Rueda, han solicitado la paralización y revisión de la norma, por los efectos socioeconómicos negativos que afectan sobre todo a comarcas como A Mariña, Ribeira y Vigo.
A juicio de la Xunta y de los armadores, que se han reunido junto a expertos juristas en las últimas semanas, la última vez este mismo viernes, la prohibición está mal planteada, con informes desactualizados y se extralimita, tanto en artes, como en especies y en profundidades a los que afecta. Se deriva, además, de un medioambientalismo «mal entendido».
Es por eso que la Xunta ha entregado al sector y ha remitido a la Secretaría General de Pesca un documento de 57 páginas que contiene un argumentario para fundamentar el recurso.
Por su parte, el Gobierno central ha ido reaccionando a este movimiento en paralelo a la presión ejercida por comunidades como Galicia, hasta el punto de que esta misma semana confirmó que sí presentará recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al entender que es una normativa «injusta» y basada en información científica «insuficiente y anticuada».
Sin embargo, no ha presentado una petición de moratoria de su entrada en vigor, por lo que la norma estará vigente a partir de este domingo. Para interponer recurso tiene de plazo hasta mediados de noviembre –60 días de la publicación del reglamento, el pasado 19 de septiembre–.
La conselleira do Mar, según pasaban los días y en consonancia con las solicitudes de la flota, abogó por una moratoria que retrasase al menos dos meses la entrada en vigor de esta prohibición para las embarcaciones, sobre todo al ver en peligro la campaña de Navidad.
No obstante, tanto el ministro, Luis Planas, como la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, descartaron esta vía, que no ven «factible», por la autonomía de la Comisión Europea para adoptar la decisión que tomó.
Este viernes, el ministro ha reconocido que el veto puede tener «alguna incidencia» en los precios, si bien ha afirmado que habrá que «ver cómo ocurren las cosas» en relación con los volúmenes y las capturas.
La secretaria general de pesca, la coruñesa Alicia Villauriz, por su parte, habló de un efecto «reducido» en «lo inmediato», al tiempo que descartó amarres.
