La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha avisado de que, “pase lo que pase” y aunque se presente recurso contra el veto a la flota de fondo, este “no va a estar resuelto para el día 9, simplemente por los tiempos, aunque se hubiese presentado la semana pasada”.
“Por poco que nos guste, que no nos gusta nada, se va a aplicar. En ese sentido somos responsables y queremos aplicarlo en los términos en que ahora mismo está establecido”, ha señalado, en una entrevista en Onda Cero que recoge Europa Press.
Por eso, la secretaría general reúne a representantes del sector -este martes se ha visto con la Federación Nacional de Cofradías y responsables de Burela y Celeiro, entre otros-, para conocer el efecto en los barcos de esta medida, que España pide suspender pero cuya entrada en vigor en poco más de 10 días confirmó este lunes el comisario del ramo.
En concreto, este martes las dos partes -ministerio y sector- han analizado las consecuencias para barcos palangreros que faenan en la zona de Gran Sol y en los próximos días continuarán los encuentros con las demás artes que pescan en esa zona y en el resto de zonas que afectan a España.
Se trata de reuniones de carácter técnico para estudiar y recopilar información al respecto de los polígonos de afectación, profundidades, artes pesca, etcétera.
Villauriz ha apuntado en la entrevista que la medida “no se ha hecho bien”, ya que a su juicio “hay que compatibilizar protección medioambiental y la protección de los pescadores”, y ahora resalta que “lo importante de presentar un recurso es que sea sólido para que tenga el máximo de oportunidades de darle la vuelta a este reglamento de ejecución”.
El Gobierno está “viendo este tema desde hace una semana”, luego de que la secretaría general haya hecho una “valoración técnica” y toda vez que debe ser la Abogacía del Estado la que lo arme “desde el punto de vista jurídico”.
Con todo, Villauriz ha señalado que “en paralelo” su departamento trabaja con el sector “para ver cuáles son las alternativas más factibles y útiles en el sentido de que su actividad se siga desarrollando”.
El PP pide la comparecencia de Sinkevicius
Los eurodiputados ‘populares’ Gabriel Mato y Francisco Millán Mon, miembros de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, han solicitado este martes que en el orden del día de la Sesión Plenaria de la próxima semana se incluya la comparecencia del comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, sobre el veto a la pesca de fondo en 87 caladeros del Océano Atlántico.
Tal como ha indicado el Grupo PPE en un comunicado, el orden del día definitivo del pleno del Parlamento Europeo se decidirá en una reunión este jueves, por lo que esperan que el resto de grupos apoyan la petición y que el comisario acuda al debate de Estrasburgo.
Millán Mon ha advertido que el PP “no cesará” de hacer presión política hasta conseguir que la Comisión Europea rectifique su decisión. El eurodiputado gallego ha reiterado que “se trata de una medida precipitada y de brocha gorda, que se ha adoptado sin suficientes consultas al sector y a los Estados miembros”.
Por su parte, Gabriel Mato ha anunciado que en la próxima reunión de la Junta de Portavoces de la Comisión de Pesca solicitará a los servicios jurídicos del Parlamento Europeo que elaboren un dictamen sobre la validez del veto a la pesca de fondo. “El acto de ejecución presenta serios defectos tanto formales como de fondo. Es importante que los letrados del Parlamento Europeo se pronuncien”, ha añadido.
Por otra parte, Gabriel Mato, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, ha salido al paso de las declaraciones de los socialistas gallegos que le responsabilizan del veto a la pesca de fondo en 87 zonas del Océano Atlántico.
“Es comprensible que el Secretario General de los socialistas gallegos se sienta incómodo después de hacer el ridículo más espantoso. No debe de ser fácil reunirse el martes con el Comisario de Pesca, anunciar triunfalmente que le has arrancado el compromiso de que revisará su decisión, y dos días después, la Comisión Europea confirme su veto a la pesca de fondo en grandes caladeros”, ha declarado el diputado palmero.
“No obstante, tener mala conciencia no justifica la mentira. Tanto Valentín González Formoso como el viceportavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Galicia, Julio Torrado, faltan a la verdad cuando tratan de culparme de facilitar el cierre de 87 caladeros a la pesca de fondo en el Atlántico”, ha lamentado Mato.
Pese a todo, Mato y Millán Mon han concluido que el PP “siempre será un aliado de todas las fuerzas políticas que quieran trabajar a favor del sector pesquero español y de una sostenibilidad que incluya tanto el ámbito medioambiental como los aspectos económico y social”.
“En principio no contemplo el desguace”, ha añadido, aunque el nuevo fondo que empieza a funcionar para el periodo 2021-2027 contempla esta actuación. “Es algo que hay que discutir (…) conjuntamente con el sector, para establecer de una manera puntual en aquellos lugares, segmentos, situaciones y caladeros que así lo requieran. Pero no es algo que tenga que ser la solución para el problema que se nos plantea”, ha subrayado la responsable de Pesca.
En este sentido, ha urgido la “revisión” del acto de ejecución “a la mayor brevedad posible”, con el horizonte puesto en el mes de noviembre, cuando la Comisión “tendrá en cuenta los datos más actuales”.
Un Gobierno español “más firme”
El BNG ha reclamado este martes al Gobierno “una actitud más firme y decidida en defensa del sector pesquero” para evitar la prohibición de la pesca de arrastre aprobada por la Comisión Europea.
En una rueda de prensa en el Congreso, su diputado Néstor Rego ha criticado que esta decisión “no se sustenta en estudios rigurosos” ni existe ningún informe serio que avale esta decisión por razones ambientales o de sostenibilidad, pese a lo cual el Ejecutivo comunitario decidió acometer.
Adoptada el pasado 15 de septiembre, el veto afecta a la pesca de arrastre en 87 zonas protegidas en aguas comunitarias del Atlántico Nororiental, lo que en la práctica supone vetar la captura de especies en aguas con profundidades superiores a 1.500 metros.
La decisión, ha criticado Rego, “afecta de manera importante a la flota pesquera gallega”, con hasta el 25% de las capturas actuales, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo para un sector que supone el 5% del PIB nacional.
