El comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, ha respondido a España, Francia e Irlanda que revisará la decisión de vetar la pesca de fondo en zonas marinas protegidas si así lo avalan los datos científicos que se harán públicos el próximo noviembre, después de que estos países pidieran al Ejecutivo comunitario la revisión de la decisión.
“Esperamos el primer dictamen científico revisado en noviembre y si se justifica se revisará el cierre de ciertas zonas”, ha señalado Sinkevicius en un debate con los ministros de Agricultura y Pesca de la UE, durante cuya intervención ha advertido de que no se puede “anticipar el contenido de la recomendación científica”.
En este sentido, el comisario se refiere a la publicación el próximo noviembre por parte de el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (Ices, por sus siglas en inglés) de un informe de evaluación de esas zonas marinas vulnerables.
“La Comisión entiende perfectamente que este acto de Ejecución no haya sido bien recibido por todos los interesados”, ha indicado el comisario de Pesca, que ha recalcado que es la “mejor decisión posible” ya que se basa en el “mejor dictamen científico disponible” y en los “mejores” y “más recientes” datos.
Respecto a la queja manifestada por algunos países de que la decisión se basa en datos científicos desactualizados, Sinkevicius ha respondido que el informe se ha basado en los datos proporcionados por los Estados miembros del ICES.
“Estamos al inicio de un proceso. Puesto que se va a revisar este informe científico cada año para tener en consideración los datos más recientes de los Estados miembro”, ha indicado el comisario de Pesca.
En un paso más, Sinkevicius ha recordado que esta decisión se ha tomado con cuatro años de “retraso” y ha añadido que se ha analizado la actividad pesquera en determinadas zonas antes de proceder “proteger los ecosistemas vulnerables”.
“Nuestros científicos han visto que los buques faenaban mucho en donde estaban establecidos los ecosistemas vulnerables”, ha explicado el comisario de Pesca, que ha justificado que la decisión pretende “maximizar la conservación, minimizando el impacto económico” en la actividad pesquera.
Además, Sinkevicius ha incidido en la “obligación legal de revisar estos cierres anualmente y lo vamos a hacer”, y ha quedado a la espera de recibir los datos de 2023.
En su intervención en el debate, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido que el informe del ICES que se tomó como referencia para adoptar esta decisión “no es actual” y que, además, “ incluye modalidades como el palangre de fondo que no estaban consideradas”.
Ante lo cual ha solicitado al Ejecutivo comunitario que “suspenda la aplicación del reglamento”, que entra en vigor el próximo 9 de octubre, y que “incluye modalidades como el palangre de fondo que no estaban consideradas”.
España sopesa recurrir al TJUE
A su llegada a la reunión a Veintisiete, además, el ministro español ha avisado de que el Gobierno sopesa recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para resolver esta controversia, si considera que hay una base jurídica sólida que permita dar este paso.
“Estamos en consulta con los servicios jurídicos del Estado, pero creo que hay materia para que, efectivamente, esta decisión sea recurrida ante el Tribunal de Justicia europeo”, ha razonado Planas en declaraciones a la prensa.
El consejero de Desarrollo Rural de Cantabria, Guillermo Blanco, que ha acudido al encuentro en representación de las comunidades autónomas pesqueras, ha respaldado ante la prensa la postura de España y ha pedido que se revise el reglamento tras el estudio que se publicará en noviembre.
Además, Blanco ha llamado la atención sobre el impacto de esta decisión en el sector pesquero en un contexto de guerra y de altos precios de la energía que empujan los costes de producción y ha apoyado la postura de Planas de recurrir la decisión ante la justicia europea.
El embajador de Francia ante la UE, Cyril Piquemal, ha defendido ante el Ejecutivo comunitario que se tenga en cuenta los datos del informe de noviembre para “revisar el reglamento” ya que permitirá “conciliar mejor la conservación de los ecosistemas marinos vulnerables y la realidad de los ecosistemas pesqueros”.
Por su parte, la embajadora de Irlanda ante la UE, Barbara Cullinane, ha solicitado a la Comisión que tenga en cuenta el informe actualizado del ICES para realizar una revisión del veto a la pesca de fondo en zonas protegidas ya que, según ha argumentado, no se han tenido en cuenta los datos más recientes para evaluar el efecto importante sobre las pesquerías de los Estados miembro.
Además, la secretaria de Estado de Pesca de Portugal, Teresa Coelho, ha instado al Ejecutivo comunitario a seguir un proceso “transparente” para dar con “medidas equilibradas y justas”.
