Vitrasa, empresa concesionaria del servicio de autobús urbano de Vigo, ha anticipado este miércoles que, si nada cambia, será la Comisión Tripartita Gallega para la Inaplicación de Convenios Colectivos la que se encargue de solventar los desacuerdos entre la compañía y los trabajadores.
Así lo ha anunciado este miércoles la concesionaria después de que la última reunión con los representantes de los trabajadores finalizase sin avances, toda vez que el comité de empresa se niega a aceptar las pretensiones de la dirección, decidida a reducir el salario de toda la plantilla para garantizar su propia supervivencia.
Vitrasa culpa en un comunicado de inmovilismo a los trabajadores, de los que dice que no presentaron ninguna propuesta desde que comenzaron las negociaciones el pasado 16 de marzo; al contrario que la dirección de la compañía, la cual dice haber puesto sobre la mesa varias ofertas, como la posibilidad de compensar al personal cuando se alcance la situación de reequilibrio así como disminuir la intensidad de las medidas que quiere aplicar.
Si en los próximos días no se desatasca la negociación por los mecanismos extrajudiciales que prevé la normativa, las medidas a adoptar serán las que determine la Comisión Tripartita Gallega para la Inaplicación de Convenios Colectivos, vinculada a la Conselleria de Emprego e Igualdade e integrada por representantes de la Xunta y de los agentes sociales gallegos con carácter sectorial más representativos.
La concesionaria insiste en que se encuentra en el peor momento de sus 50 años de historia, que a causa de la pandemia acumula hasta 2021 unas pérdidas que superan los 14 millones de euros, a los que hay que sumar uno más en lo que va de año, y que sólo la adopción de medidas temporales para la contención de gastos puede salvar a una compañía que da empleo a casi 400 personas.
Los argumentos de Vitrasa, en todo caso, no convencen a los sindicatos, que recuerdan que la compañía ingresó en los últimos años unos 13 millones de euros cada ejercicio en subvenciones directas del Ayuntamiento de Vigo, y que adicionalmente ingresó 5,7 millones procedentes del Gobierno en virtud del Real Decreto que contemplaba ayudas para compensar pérdidas en el transporte urbano.
Es más, según UGT, la compañía disfruta de una “gran salud financiera” ya que posee un patrimonio neto de 54 millones de euros, tal y como ha concluido el departamento de análisis económico del sindicato.
