La concesionaria del bus urbano de Vigo, Vitrasa, ha salido al pasado de las acusaciones realizadas este miércoles por el comité de empresa sobre el conflicto laboral que mantienen desde hace más de dos años, y que ha desembocado en una huelga indefinida desde el pasado 25 de noviembre. Así, la empresa ha insistido en que esta medida de presión tiene un «trasfondo político» porque ha sido convocada para «fastidiar la Navidad».
A través de un comunicado y unas declaraciones remitidas a los medios, el director general de Vitrasa, Carlos González, ha insistido en que la huelga tiene «intereses personales y también políticos». «Son conscientes del daño que causa esta situación a la movilidad de la ciudad durante la Navidad, y así lo pusieron de manifiesto en las tres reuniones que mantuvimos días atrás durante las negociaciones», ha señalado.
Por otra parte, ha criticado nuevamente que el comité no accediera a suspender la huelga dos semanas, aunque la empresa ofreció retirar los expedientes sancionadores y ha vuelto a acusar a los sindicatos de ofrecer datos sesgados sobre los sueldos de los trabajadores.
Al respecto, han repetido que el salario mínimo de 27.400 euros se corresponde con personal que entra nuevo, sin antigüedad, y que el salario medio de la plantilla general en 2022 superó los 33.500 euros brutos. En ese sentido, ha incidido en que es «incomprensible» la «beligerancia» del comité con «la empresa (del sector) que mejor paga y mejores condiciones tiene» en toda la provincia.
Tras insistir en que la huelga indefinida solo contó con el apoyo del 29 % de la plantilla, han rechazado las manifestaciones de los sindicatos sobre la supuesta rentabilidad que Vitrasa está obteniendo en estos días de paro.
Así, la empresa, que insiste en que está «en pérdidas», ha recalcado que está perdiendo miles de usuarios y que también sufre daños económicos, no solo por la caída de viajeros, sino también por episodios como los ataques a buses (el más grave, ocurrido en mayo pasado, cuando se incendió un autocar, valorado en 400.000 euros, episodio que es objeto de un procedimiento judicial).
