El recurso interpuesto por el sindicato CCOO ante el contrato del servicio de ayuda en el hogar para personas dependientes del Concello de Vigo ha hecho que el gobierno local haya tenido que volver a la línea de salida e iniciar desde cero, otra vez, el procedimiento de contratación.
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) estimó por completo el recurso de la central sindical tumbando así los pliegos de la licitación del contrato del servicio de ayuda en el hogar del Ayuntamiento de Vigo, del que informó el alcalde Abel Caballero el pasado mes de marzo, momento que aprovechó para cargar contra la Xunta exigiéndole que tenía que ser el Gobierno gallego el que se hiciese cargo de esta amplia partida presupuestaria.
Sin embargo, el recurso presentado por CCOO al considerar que los pliegos «no se ajustaban a la legalidad vigente» al sacar el proceso a licitación sin desagregar los costes directos e indirectos del mismo, ha provocado a que desde Praza do Rei se vuelva a iniciar el proceso habida cuenta del anuncio previo que este mismo lunes, 30 de junio, han vuelto a hacer público.
El procedimiento se inicia nuevamente para adjudicar un contrato con un coste de 47,6 millones de euros (sin impuestos) -49,5 con IVA- pero que llega a tener un valor estimado de casi 88,9 millones de euros.
La previsión anterior del gobierno local era que el proceso de adjudicación se iniciase el pasado 11 de abril. Ante este nuevo contratiempo, en el nuevo anuncio que se remite al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) para conocimiento, se marca como nueva fecha prevista para el inicio del procedimiento el próximo 18 de julio, momento en el que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas tras el respectivo anuncio de licitación.
La prestación del contrato fija un total de 666.432 horas anuales para servicio de ayuda en el hogar (SAF) para personas dependientes, ofreciéndose durante un período de tres años a comenzar, en todo caso, el 1 de diciembre de este año 2025. El contrato marca también la posibilidad de dos años de prórroga.
Se pone así en marcha una segunda oportunidad para ejecutar este megacontrato municipal tras las quejas del sindicato CCOO que, en su momento, advirtieron de la vulneración de la Ley de contratación pública del Estado al haber sacado a licitación el contrato con unos pliegos que, según explicaron, «permitían que las empresas hagan sus ofertas por debajo del coste real», lo que ponía en «grave riesgo» no solo la calidad del servicio sino a los empleados.
«Se trata de un error de libro», lamentaron en su momento al señalar que un Ayuntamiento «grande» como Vigo, debería contar con «suficientes medios» para ejecutar un contrato sin dichos errores que, finalmente, fueron estimados por el Tacgal. «Pocos municipios cometen estos fallos», apuntaron.
